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No deja de ser una paradoja, impulsado por la pandemia se ha dado el mayor desarrollo de los servicios digitales de las grandes tecnologías, con una utilización masiva de los productos digitales para comunicarse, divertirse o trabajar, pero a pesar de esto ha sido imposible lograr un acuerdo multilateral para implantar una tasa tributaria que grave adecuadamente a estas empresas.
El argumento para crear ese impuesto llamado Gafa (el acrónimo de Google, Amazon, Facebook, Apple), se basa en que la fuente de los ingresos de las empresas digitales no está en el lugar de origen de la inversión, sino en el sitio de procedencia de los datos. Las empresas Gafa, a las que se pueden sumar Uber y Microsoft, ofrecen sus servicios por internet y utilizan algoritmos registrados, lo cual hace que sea prácticamente imposible aplicar a la economía digital los principios tributarios clásicos.
De ese modo, las empresas digitales aprovechan las circunstancias y optimizan su fiscalidad jugando con los vacíos en la legislación tributaria de los países. Con manejos contables y el uso de sus filiales, los gigantes de la internet logran de forma sistemática separar los beneficios del lugar donde se producen y los trasladan a donde mejor les convenga. De esa forma, se desconectan la actividad general y los beneficios logrados localmente.
La Unión Europea, donde cada Estado miembro decide de forma autónoma su política fiscal, quiso en 2018 lograr un acuerdo comunitario para gravar las empresas digitales, partiendo del principio de que son los usuarios los que crean el valor de estos servicios. De esa forma, el tributo sería pagado en cada país miembro de la UE, en proporción con la utilización de los que son ofrecidos en su territorio. La idea era gravar con 3 % la cifra de negocios y no solo los beneficios generados por ciertas actividades digitales. Se quería, adicionalmente, evitar medidas unilaterales que podían perjudicar el mercado único.
Ante el fracaso de la iniciativa comunitaria por el temor a las represalias de Estados Unidos, el gobierno francés decidió actuar solo para llenar ese vacío en su legislación y el 11 de julio de 2019 logró la aprobación por el parlamento de una tasa de 3 % sobre la cifra de negocios realizados en Francia por las Gafa, un mecanismo para desmantelar la estrategia de optimización. En todo caso, el gobierno francés aceptó aplazar el nuevo gravamen a la espera de un acuerdo internacional en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde).
Sin embargo, ese acuerdo político acaba de fracasar por la falta de consenso frente a la propuesta de la entidad. Esta última se centra en dos pilares: uno para establecer dónde se generan las ganancias y otro para fijar un impuesto mínimo a nivel mundial. Ante la falta de apoyo, los dos pilares entraron a revisión y en 2021 se tendría una nueva versión. A pesar de ello, hay un escepticismo creciente acerca de la posibilidad de un acuerdo en el seno de la Ocde por la resistencia de Estados Unidos.
El bloqueo de la tasa Gafa multilateral puede llevar a un escenario en el cual los países que quieran gravar a las empresas digitales pueden sufrir retaliaciones comerciales. El riesgo es que países como Colombia y tantos otros, sean privados de ingresos fiscales a los que tienen derecho, como consecuencia de que el sistema tributario vigente no esté plenamente adaptado al cambio tecnológico.