La acción ejecutiva del presidente Barack Obama para favorecer a los inmigrantes ilegales, divide opiniones en su propio país y pone a su Gobierno, de orientación demócrata, en una dura encrucijada de confrontación política con los republicanos, de cara a las elecciones presidenciales de 2016.
Sin embargo, el beneficio que recibirán más de cinco millones y medio de inmigrantes ilegales, en su mayoría latinos, puede convertirse en una carta política poderosa teniendo en cuenta el peso que ha adquirido esta comunidad en los Estados Unidos para elegir presidentes.
Los analistas más aplicados al tema electoral norteamericano coinciden en señalar que la minoría más relevante en las elecciones presidenciales es la hispana, precisamente la que mayor interés tiene en regular su situación migratoria en Estados Unidos.
Mientras los afroamericanos permanecen en los núcleos de los abstencionistas y las minorías Wasp (white, anglo-saxon, protestant) votan por el ala derecha del partido republicano, los hispanos son participativos en las urnas y más comprometidos en apoyar a aquel líder que les garantice protección a su estatus migratorio.
De allí que el significado político y electoral de la decisión de Obama sea indiscutible, independiente de las retaliaciones de los republicanos que tendrá que afrontar en el Congreso. Ante la decisión unilateral de Obama, en lugar de negociar la aprobación de la Reforma Migratoria en el Congreso, estarían dispuestos a bloquear sus iniciativas, incluso, las que tengan que ver con los recursos necesarios para llevar adelante los anuncios migratorios.
Al parecer, Obama se cansó de esperar, pues la reforma aprobada por los demócratas en el Senado en junio de 2013 no contó con la intención de voto de la Cámara, dominada por los representantes republicanos.
Por eso decidió obrar, por su cuenta y riesgo, en favor de al menos la mitad de los indocumentados residentes ilegalmente que cumplan la condición de tener hijos estadounidenses o residentes permanentes, que demuestren que llevan en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y que carezcan de antecedentes criminales.
Pese a que el decreto no tiene los alcances de la reforma, pues no concede la ciudadanía a los indocumentados y solo evita que sean deportados, su decisión fue recibida con aplausos en la comunidad hispana.
Así mismo, la Casa Blanca ha salido a proclamar los beneficios de esta decisión señalando que generará un crecimiento del PIB y un aumento de los salarios, en el mediano plazo, descartándose de plano que amenace las oportunidades laborales de los ciudadanos estadounidenses.
Con su decisión, Obama hace un lance audaz, con espada de doble filo, consecuente con su promesa de resolver el problema de la inmigración, acentuado en los últimos meses con las deportaciones masivas, pero no la va a tener fácil cuando quiera que el Congreso de los Estados Unidos apruebe reformas que requieran del apoyo bipartidista.
Sin embargo, los propios republicanos tendrán que actuar también con cautela, pues no podrán echarse encima a una comunidad que cada vez tiene mayor peso político y que necesitarán para consolidar en las próximas elecciones presidenciales de 2016, el triunfo obtenido recientemente en las legislativas .
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