No existen cifras rigurosas de organismos nacionales e internacionales sobre cuántas vidas de menores de 18 años han podido alterarse debido a su reclutamiento forzado o consentido en las filas de las Farc. Se trata de miles.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los grupos ilegales se desvincularon, durante los últimos 17 años, seis mil adolescentes y niños, el 60 por ciento integrantes de esa guerrilla.
Las cuentas, en su estado final, serán tan considerables como lamentables frente a lo que significa que la infancia de nuestro país haya sido empleada por lo menos los últimos 50 años como mano de obra del conflicto armado.
Como parte del paisaje de los frentes guerrilleros han estado los niños. Chicos entre los 10 y los 17 años que por diferentes fenómenos y dinámicas de la confrontación, y por supuesto bajo la responsabilidad abierta de las Farc, terminaron integrados a las filas y expuestos, a edades tempranas, a toda la presión sicológica y los riesgos mayúsculos que significa estar inmersos en campamentos, con armas y en operaciones de guerra.
Por fin las Farc han acordado con el Gobierno Nacional desvincular con prioridad, y lo más pronto posible, a los menores de 15 años. El 12 de febrero de 2015 anunciaron que dejarían de reclutar menores de 17 años y ahora asumen que saldrán de sus frentes quienes tengan menos de 18 años. Nunca debió ocurrir.
Ojalá lo pactado se cumpla al pie de la letra, porque hace un mes The New York Times publicó un reportaje que mostraba a menores que habían sido reclutados durante por lo menos los últimos seis meses.
Por supuesto habrá un Protocolo y Plan Transitorio de desvinculación en cabeza del Gobierno Nacional, que tiene la enorme responsabilidad de ofrecer un tratamiento integral y efectivo a los chicos que sean entregados por la guerrilla. Además, se espera el acompañamiento de Naciones Unidas con sus oficinas para el tema y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Recuperar estos niños y adolescentes requiere un altísimo y sensible nivel de atención sicosocial.
Las partes hablan de un acuerdo que permite ahondar la confianza y empezar el camino hacia la no repetición de que, en este caso, los menores colombianos transiten a los frentes de guerra.
Pero este acuerdo, importante, sí; necesario, sí, tiene, junto con el mensaje enviado por las Farc al senador y expresidente Álvaro Uribe, para abrir espacios de diálogo, un cierto aire de acción política tendiente a aminorar la tremenda polémica que generaron los anuncios de la mesa de La Habana, para buscar el blindaje jurídico del acuerdo final.
Lo ponemos en contexto por la necesidad de evaluar esta seguidilla de hechos históricos que no pueden leerse de manera fragmentaria y sin la necesaria distancia crítica.
Arranca, pues, el conteo para que los menores de edad, y en especial los que están en las Farc, empiecen a ser desvinculados de la confrontación y se abran nuevas expectativas de vida para ellos y el conjunto de infantes y adolescentes del país expuestos a ser “empleados de la guerra”.
Las Farc asumieron la obligación de suministrar la información necesaria y entregarlos lo más rápido posible, por lo pronto a los menores de 15. Que sea la oportunidad para dar un paso más también hacia el desmonte de un grupo ilegal responsable del desvelo y el dolor de tantas madres y familias colombianas.
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