En Medellín, durante 2016, iban hasta ayer, 31 motociclistas muertos. En el país, hasta hace una semana, 1.017. Basta pensar en los dramas familiares que ello encarna y en las pérdidas sociales y económicas que arrastran estas cifras, para plantear la necesidad, urgente, de actuar en todos los niveles contra una epidemia que parece convertirse en pandemia: la accidentalidad vial en estos vehículos.
La ampliación del mercado de las motos en Colombia, con modalidades de financiación muy favorables para los compradores, disparó el uso de esos automotores. Son de bajo consumo de combustible, versátiles para la topografía y las vías colombianas y son una solución de transporte para familias de pocos ingresos.
Es evidente que reducen los costos de sus usuarios en tiempo y transporte. Pero la cara problemática del fenómeno es que el aumento de los motociclistas está lejos del fortalecimiento de la cultura vial y el control que requiere.
Por ejemplo, en Medellín, de los 14.055 incidentes viales ocurridos entre el 1 de enero y el 24 de abril pasados, 8.593 involucraron motocicletas. Y la cifra de muertes que mencionamos al inicio significa un aumento de la mortalidad del 25 por ciento, en relación con ese cuatrimestre de 2015.
Estadísticas de una investigación de un equipo de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y también de secretarías de Tránsito de ciudades capitales, muestran una realidad en expansión: incidentes viales que involucran motos y muertes y lesiones de sus ocupantes.
Un informe de este diario corroboró con la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) que en 2015, de las 649.428 reclamaciones hechas con seguro obligatorio (SOAT), 565.488 cubrían motos.
Otra vez la lupa queda puesta en los interrogantes: ¿qué pasa, por qué es tan desfavorable el examen para los pilotos y los parrilleros?
Según evaluaciones de la Secretaría de Tránsito de Bogotá, el 51 por ciento de los conductores de moto desconocen su límite de velocidad. Y es muy significativo que, al tiempo, en nuestra ciudad las vías paralelas al Río Medellín (la Autopista Sur, la Regional y la Distribuidora) sean el escenario del mayor número de accidentes.
La imprudencia (exceso de velocidad y maniobras entre carriles), el desconocimiento de las normas de tránsito y la baja pericia en la conducción son los factores que más influyen en esta tragedia que todos los días impacta la vida en las calles y carreteras del país.
Es un problema que aumenta gastos y costos en el sistema de salud, en las incapacidades laborales y en las familias cuando se dan casos por muerte o invalidez parcial o total. Estas ausencias, según metodología del catedrático Juan Pablo Bocarejo, hoy secretario de Movilidad de Bogotá, tienen precio: el de una persona muerta en las vías es de $700 millones. Y sumada a otros factores y variables que implica, puede ascender a $1.600 millones.
Las pérdidas humanas y económicas originadas en las motos hoy en el país son tan irreparables como cuantiosas.
Están en mora las alcaldías y departamentos, y los organismos de tránsito nacional, en impulsar una pedagogía mucho más extendida y eficaz, para atenuar los efectos de un sistema vial hoy alterado gravemente por la proliferación de motos, pero muy en especial por los excesos de sus usuarios, la falta de control y las limitaciones del sistema vial y sus regulaciones.
