La erradicación voluntaria o por la fuerza de cultivos de uso ilícito, especialmente ubicados en zonas de frontera y de corredores fluviales y salidas marítimas, ha detonado una violencia que trajo matanzas y que rompió con la relativa tranquilidad que se vivía en áreas en las que se desmovilizó el grueso de los frentes de las Farc y donde se había desactivado, poco a poco, el conflicto armado con esa guerrilla.
Pero la emboscada y asesinato de tres policías en Cauca, el fin de semana pasado, y la matanza de ocho civiles en zona rural de Tumaco, Nariño, el jueves, se convierten en una alerta temprana de lo que puede venir y que, por supuesto, el Gobierno Nacional debe contrarrestar y evitar: una confrontación de los cocaleros con la institucionalidad en medio del río revuelto en el que “pescan” grupos ilegales y narcotraficantes.
A Tumaco, donde hoy se produce y desde donde se distribuye, según informes de este diario, más del 30 por ciento de la cocaína procesada en Colombia, se suman áreas como la del Macizo Colombiano, en Cauca (de grandes cultivos de marihuana); la del Catatumbo, en Norte de Santander, y toda la cadena montañosa que cruza el departamento de Chocó, entre los ríos San Juan y Atrato y el océano Pacífico. Además del Bajo Cauca, en Antioquia; la parte alta del Sinú, en Córdoba, y el Sur de Bolívar.
En este contexto y en esos lugares y algunos más, la cultura de la ilegalidad y sus economías emergentes han echado raíces y se resisten a ser extirpadas. El Gobierno Nacional está siendo puesto a prueba por una contracorriente que, en medio de precarias condiciones de producción agrícola y ausencia de garantías comerciales para el campesinado, busca sostener un statu quo que en últimas favorece intereses de poderes mafiosos.
A lo largo de 2017 han ocurrido asonadas, bloqueos, hostigamientos y ahora asesinatos asociados a la sustitución de cultivos. En torno a ello se crea esa zona gris de acciones de fuerza en las que se revuelven reivindicaciones campesinas razonables, pero también la distorsión de valores propiciada por la economía mafiosa y la inocultable conveniencia que tiene un ambiente de conflicto y caos para la cadena internacional del narcotráfico y la delincuencia organizada.
Pero son la respuesta armada de las bandas criminales que están detrás, y la falta de contundencia en la reacción del Estado, las que están dibujando un panorama de desgobierno y de un ambiente que dista mucho de ser el de un país en paz y posconflicto.
El presidente Juan Manuel Santos y todo su aparato para la aplicación del Acuerdo con las Farc se empeñan en mostrar un desarrollo cabal de lo pactado, pero los brotes de violencia, algunos con picos homicidas lamentables como los de Cauca y Tumaco, se convierten en la constatación de que el país no marcha bien.
Hay anuncios, corroborados por la Defensoría del Pueblo, por las alcaldías en esos territorios y por las mismas organizaciones de cocaleros, de que “la gente está lista para salir a pelear por su sustento si llegan a erradicarle”. Todo ello en medio de las exigencias de Estados Unidos y la necesidad, sin duda, de que el país reduzca los cultivos ilícitos a números aceptables.
El Gobierno Nacional anuncia Centros Estratégicos Operacionales para la crisis. Ya se verá de qué sirven ante este rebrote de descontento social y de una violencia que acumula muertos y preocupación.
