La naturaleza ha golpeado fuertemente a Ituango y a sus habitantes –lluvias incesantes, derrumbes, vendavales– pero más lo ha hecho las garras criminales de las bandas que persisten en su actividad delincuencial, amenazando, atemorizando y generando desplazamientos forzados que ayer iban en cifras cercanas a las 4000 personas.
Las vías de acceso a la población están bloqueadas por deslizamientos, lo cual hizo temer que, aparte del desplazamiento forzado de cientos de familias desde zonas rurales hasta la cabecera municipal, la población sufriera desabastecimiento de alimentos, añadido a los riesgos de aglomeración de tantas personas en condiciones poco propicias para mantener los cuidados contra la covid-19.
Se trata, pues, de una crisis humanitaria de enormes dimensiones, de un enorme reto de mantenimiento de la seguridad pública, y de un grito de auxilio al departamento y al país. Las autoridades departamentales trabajan en medidas inmediatas que aminoren la situación de vulnerabilidad y sufrimiento de las familias campesinas amenazadas y obligadas a dejar sus casas y tierras de las zonas rurales. Empresas Públicas de Medellín trabaja en las labores de habilitación de las vías, y la Fuerza Pública lleva por aire alimentos, medicinas y elementos personales para los desplazados.
Está bien que las entidades estatales acudan de inmediato a la atención humanitaria. Es su deber. La exhortación de todos los ciudadanos es que estos esfuerzos persistan, se extiendan y se midan por su eficacia, que la Fuerza Pública (Ejército, Policía, Fuerza Aérea) despliegue toda su operatividad y capacidad logística y de inteligencia para terminar de una vez y de forma definitiva con todos esos grupos criminales y sus líderes, a quienes la Fiscalía y la justicia deben imponer las responsabilidades penales por sus delitos de toda clase, incluyendo aquellos consagrados en el derecho internacional, como autores de los sufrimientos sin fin de una población que lleva décadas sometida a la dictadura de estos violentos.
Decía lo siguiente el presidente Iván Duque, ayer en Bogotá al instalar un foro sobre política contra el terrorismo: “A todas las organizaciones criminales y terroristas: Colombia no se arrodilla ante ninguna amenaza y quedan notificados, los vamos a desmantelar, vamos a seguir golpeando sus estructuras, destruyendo sus laboratorios y enfrentándolos con toda la capacidad del Estado”.
Todas las comunidades desplazadas, todo el departamento, tributaría sincero reconocimiento al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas si estas palabras se hicieran realidad y desde el Gobierno Nacional, de la mano del departamental, se liderara la liberación –dicho en toda la dimensión del término– de Ituango, de sus pobladores, de sus familias campesinas. Que pudieran declarase libres del yugo de criminales de toda laya, sean disidencias de las Farc, clan del Golfo, carteles de narcos, delincuencia común.
Las autoridades atribuyen la dominancia criminal de 2.347 kilómetros cuadrados a alias “Ramiro”, alias “Camilo” y alias “Machín”, de las disidencias del frente 18 de las Farc; y alias “Richard”, del Clan del Golfo. Y no son estos quienes voluntariamente abandonarán la zona. Lo deben lograr, con el poder de la ley, la legitimidad y la firmeza, las autoridades llamadas a preservar la legalidad, la libertad y el orden.
Las Fuerzas Armadas, guiadas por una determinación política de los responsables del máximo nivel del poder Ejecutivo, deben estar en capacidad todavía de mostrar a los colombianos que pueden cumplir sus deberes constitucionales: ¡liberen Ituango!
