Las expectativas por las movilizaciones convocadas en el país para este jueves han ido creciendo. Sea que se planteen como un paro nacional, como lo conciben los sindicatos, o como marchas de protesta y reivindicación, según el sector que se adhiera a ellas, el todo es que suscitan desde recelo, temor o rechazo, hasta entusiasmo, apoyo y agitación de diversas militancias.
No es un secreto que la convocatoria ha crecido prendida de la situación de Chile en el último mes. La movilización en el sur del continente ha desencajado a su gobierno y ha supuesto un violento timbrazo despertador a la clase política y empresarial. Quien atienda y comprenda las reglas de la política y de manejo de las corrientes de poder tiene que saber que la pretensión de traer ese movimiento al país era cuestión de días.
Ahora bien, no hay que estigmatizar de antemano todas las corrientes que van a confluir en unas movilizaciones cuya fuerza solo se va a conocer el día 21. Ni desestimarla ni sobredimensionarla al calor de campañas de propaganda provenientes de diversos flancos, con intereses contrapuestos. El propio Gobierno ha insistido en el derecho de las personas a manifestarse, a movilizarse y a expresar sus opiniones, derecho que no está en discusión.
Hay preocupación, obviamente, por el cariz violento que puede tomar, pues la realidad evidencia la persistente infiltración de elementos saboteadores, así como la presencia de extranjeros. Las invocaciones de una de las fichas más siniestras del chavismo, Diosdado Cabello, anunciando “huracanes revolucionarios” en Colombia indican algo más que simples bravuconadas de un agitador sistemático.
Hay también una utilización política, o politiquera, de los motivos que dan lugar a invitar a esas marchas, por cuanto varios de los puntos invocados se fundan en razones engañosas o falsas. Atribuyen al Gobierno medidas que ni ha tomado ni ha apoyado, como la de un salario mínimo menor al legal vigente para los jóvenes, o supuestos recortes a pensiones o salud.
Si bien desde algunos gremios o centros de estudio se hacen propuestas de factura macroeconómica técnica, pero que socialmente generan rechazo y poca comprensión, ellas no han sido ni asumidas por el Gobierno ni aprobadas en el Congreso. Valdría la pena que, a propósito de esto y de lo visto en Chile, los gremios cuidaran más la forma en que plantean sus propuestas, pues a veces se deja entrever un ánimo más de desafío que de debate académico. El malestar prende y el ambiente político y social se altera.
Algunos sectores políticos y sus líderes conciben la protesta social como un fin en sí misma. “Tomarse las calles” es su más alta aspiración y su única ejecutoria, y abogan por su agitación constante y sistemática. Se les debe controvertir con hechos, realizaciones, buena política, eficacia gubernamental, en suma.
Como hemos dicho en otras oportunidades, no hay que obstaculizar, ni reprimir las marchas o movilizaciones pacíficas. Las autoridades civiles y policivas sí deben, en cambio, estar prestas a evitar ataques y daños a la población no participante -que también ejerce sus derechos- y a los bienes públicos y privados. Hay un llamado rotundo y firme a no permitir vandalismo ni agresiones. Unas marchas pacíficas tienen más poder de hacer llegar los mensajes a quienes corresponda tomar nota del pulso de la sociedad.
