La Operación Agamenón, en el Urabá chocoano, cordobés y antioqueño, sirve para ratificar la gran capacidad operativa de la Policía, que le ha propinado bajas y decomisos considerables a las bandas criminales, en particular a la denominada “los Urabeños”, cuyos jefes máximos, alias “Otoniel” y “Marcos Gavilán”, son buscados también por la justicia de Estados Unidos.
La muerte de 12 integrantes de la mencionada bracrim, el pasado martes 3 de noviembre, tras ametrallamientos aéreos y la incursión de comandos policiales, dejó ver que el grupo tenía una dotación de armas fuerte (fusiles, morteros, granadas, minas y una ametralladora), y que estaba distribuido con dominio del terreno, al parecer como parte de un anillo de seguridad de “Gavilán”.
Hay que advertir la capacidad bélica y organizativa de “los Urabeños” en esta región clave de Antioquia, por demás laboratorio durante 25 años del conflicto armado colombiano, para entender la manera en que se han enquistado y constituido en actor ilegal de gran penetración y presión sobre la vida comunitaria rural y semiurbana.
En los alrededores de Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan y San Pedro de Urabá (Antioquia); de Acandí, Unguía y Riosucio (Chocó) y de Valencia y Tierralta (Córdoba). Igual impactan poblaciones del Golfo de Morrosquillo y del Bajo Cauca.
Sus actividades criminales de mayor flujo de ingresos son el narcotráfico y la minería ilegal, pero también inciden en el tráfico de inmigrantes, el contrabando y la trata de personas. Su estructura y su escala delincuencial son una amenaza mayúscula para la sociedad y el Estado colombianos.
Pero es además preocupante el interés que, desde dentro suyo, hay por proyectar que esta bacrim, la más extendida y numerosa del país, opera bajo los códigos de los ya desmovilizados grupos de autodefensa: unidad de mando y un “estado mayor”, con un régimen disciplinario y militar y fines antisubversivos y objetivos “políticos”.
El Gobierno Nacional y el de Estados Unidos, hace dos meses, cerraron las puertas a cualquier tipo de negociación o figura especial de sometimiento y beneficio jurídicos para organizaciones que consideran abierta y directamente vinculadas al narcotráfico.
Es por eso mismo grave que “los Urabeños”, que se autodenominan Autodefensas Gaitanistas, pretendan imponer controles territoriales, sociales y políticos, en varios poblados de Urabá. Ya hace un par de años hicieron paralizar el comercio y parte del transporte público en esa zona de Antioquia y en el Magdalena.
Hoy, los habitantes del corregimiento San José de Apartadó, por ejemplo, denuncian que en los alrededores patrullan cuadrillas de “los Gaitanistas” y que “es inminente el riesgo de una agresión” en su contra. Reclaman protección.
Aunque hay que destacar la incautación de armas y drogas, la asfixia producida a los suministros del grupo ilegal, y la captura de casi 500 integrantes y la muerte de otros 25, en el contexto de Agamenón, cabe llamar la atención de las autoridades para que no se repitan de nuevo las persecuciones, los desplazamientos y los asesinatos colectivos y selectivos que sufrió Urabá en el pasado por cuenta de este tipo de organizaciones.
Hay que combatir a las bacrim, como se está haciendo, procurar su desarticulación y rendición, pero sobre todo hay que cerrarles el paso a que tengan cualquier poder como un actor que impone reglas y patrones, y que controla a ciudadanos en el territorio colombiano. De eso, no más.
