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Los beneficios para las Farc se aplican a delitos políticos y conexos, en sus consecuencias penales, disciplinarias y fiscales. Con esta ley los poderes públicos cumplen uno de sus mayores compromisos.
Los discursos gubernamentales recuerdan y reiteran que la historia de nuestro país es la de una sucesión ininterrumpida de conflictos políticos y sociales, conducidos por las vías violentas y con uso ilegal de las armas no solo contra el Estado y los gobiernos sino, ante todo, contra la población civil.
Se recuerda menos que también es cierto que la búsqueda de soluciones dialogadas y negociadas ha sido una constante en esa historia de violencias. Y que el Estado, con sus poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) ha ofrecido, impulsado, aprobado y ejecutado diversos procesos de amnistía para terminar de forma consensuada la crueldad y destrucción de la violencia ejercida a gran escala.
La última semana del año que recién terminó el Congreso de la República aprobó una nueva ley de Amnistía e Indulto, esta vez en cumplimiento de lo que se acordó con las Farc para iniciar su proceso de desarme y reincorporación a la civilidad. De inmediato recibió sanción presidencial y quedó formalizada...