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Cuando la Policía Nacional sufría uno de esos cíclicos períodos de desprestigio y baja credibilidad, que en las últimas décadas no han sido pocos, el presidente Juan Manuel Santos anunció, el 23 de diciembre del año pasado, que conformaría una “comisión técnica” para que “investigue a fondo lo que está sucediendo en la institución y nos dé unas ideas sobre qué hacer hacia adelante con ella”.
Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo opacaron el anuncio hasta para el propio Gobierno, pues con el paso de las semanas se supo que la Comisión no había sido conformada. Solo vino a formalizarse el pasado 16 de febrero (Decreto 259 de 2016), en los días de nuevos escándalos, filtraciones y guerras internas que al final obligaron la renuncia del general Rodolfo Palomino, director de la Policía.
La Comisión está conformada por dos exministros de Defensa (Luis Fernando Ramírez y Juan Carlos Esguerra), por un contratista de la propia Policía (Jorge Hernán Cárdenas Santa María), y debía ser coordinada por la secretaria general de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, quien renunció a ese cargo.
La Comisión deberá elaborar un estudio sobre la situación de la Policía Nacional, para proponer medidas de mejoramiento de la eficiencia, eficacia y visibilidad de la gestión del organismo, así como reforzar su institucionalidad bajo los principios del buen gobierno. El plazo de 90 días hábiles volvió a empezar a contar el día de la expedición del Decreto, y se cumplen el próximo 29 de junio.
Mientras tanto, se realizó esta semana la Segunda Cumbre del Cuerpo de Generales en la cual, según información oficial de la institución, se “ratificó que la Policía Nacional cuenta con una hoja de ruta para los próximos 20 años”. En el documento de balance de las jornadas, la Policía anuncia que se puso en marcha la nueva política Integral de Transparencia.
No queda claro si estas nuevas políticas y hoja de ruta se decidieron autónomamente por el Cuerpo de Generales, o si en ellas ha tenido intervención la Comisión de Alto Nivel. Si la actividad de esta aún no termina, tendríamos que el próximo semestre una entidad convocada por el Jefe del Estado y comandante de las Fuerzas Armadas, podría tener recomendaciones diferentes a las aprobadas ahora por los generales. Si bien el dictamen de la Comisión es de carácter consultivo, no tendría sentido una duplicidad de criterios en temas tan sensibles.
La Policía también oficializa el retiro del servicio activo de 1.427 uniformados, entre ellos 89 oficiales, 13 suboficiales y 1.078 del nivel ejecutivo. Entre las causas están “la voluntad justificada del Gobierno, de la Dirección General o de los comandantes de departamento, inhabilidades y llamamiento a calificar servicios”. La Policía asegura que “en el caso de 373 destituciones, se hicieron con absoluto respeto por el debido proceso y acompañamiento de la Procuraduría General”.
Un proceso de tal complejidad puede ser necesario, pero es ante todo doloroso, para el país y para la Policía. Muestra la dimensión de la infiltración de la corrupción en la entidad. Y a la vez exige de los comandantes un genuino sentido de la responsabilidad. Allí no puede haber cobro de rencillas ni de cuentas personales. No se olvide que la justicia cobra luego del bolsillo de los colombianos los apresuramientos y arbitrariedades de las desvinculaciones no justificadas. De allí que el país espere todo el tino y buen criterio de sus generales.