La entidad más inoperante del Estado colombiano es la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. Por mandato constitucional, a ella le corresponde asumir la investigación contra altos funcionarios que gozan de fuero (presidente de la República; magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura; y fiscal general de la Nación).
Tal es la inoperancia de esa Comisión, que en la práctica política el fuero de estos funcionarios, que les garantiza un proceso sujeto a reglas especiales, se ha convertido en inmunidad, es decir, la ausencia de cualquier forma de investigación o procesamiento.
Bajo la vigencia de la Constitución de 1991, la Comisión de Acusación e Investigación tramitó el expediente contra el presidente de la República en ejercicio, Ernesto Samper Pizano, por la financiación de su campaña presidencial con dineros del cartel de Cali. Al pasar el caso de la Comisión a la plenaria de la Cámara, esta votó, en julio de 1996 y con 111 votos a favor y 43 en contra, por la preclusión de la investigación, al darle credibilidad a la versión presidencial de que dicha financiación de origen delictivo “fue a sus espaldas”. El presidente investigado contaba con la mayoría en la Cámara, de aliados políticos suyos y del Partido Liberal.
Los procesos en el Congreso son políticos. Si los parlamentarios concluyen que hay existencia de conductas delictivas del investigado, la parte penal la asume la Corte Suprema de Justicia. Pero, hasta ahora, ninguno había pasado de la Cámara de Representantes. Hasta esta semana, en que la Cámara votó sin mayores trámites a favor de que el Senado inicie juicio contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, por el delito de concusión.
Todo se deriva del testimonio de un abogado barranquillero, Víctor Pacheco, que en una conversación con un magistrado aseguró que Pretelt habría pedido 500 millones de pesos para persuadir a otro magistrado de elegir una tutela que debía favorecer los intereses de la empresa Fidupetrol. En su momento, el magistrado afectado por esa versión, Mauricio González Cuervo, denunció esta situación y el uso de su nombre, y desde ese momento el escándalo en la Corte Constitucional no ha cesado. Escándalo que, a pesar de involucrar a otros magistrados y dejar muchas dudas, se ha centrado judicialmente solo en cabeza de Pretelt.
Un escándalo de corrupción en las cortes causa profunda desmoralización. Su alcance bastaría para que, por lo menos una sola vez, la Comisión de Acusación de la Cámara cumpliera su labor. Pero aquí se han combinado otras circunstancias, como las públicas presiones del fiscal general, Eduardo Montealegre, a los representantes a la Cámara para que votaran la acusación contra Pretelt. Y la forma en que también el presidente Juan Manuel Santos apuró a los congresistas para lo mismo.
Que el afán de unos y otros por este caso concreto responde a un genuino afán de moralizar la justicia es algo que no sabremos por ahora. Lo que sí se sabe es que por un lado los colombianos padecemos la postración moral de las altas cortes, que en la Constitucional disminuirá pero no se acabará por la salida de Pretelt. Y por el otro, el interés inocultable de contar con mayorías progubernamentales en esa misma corte, en momentos en que deberán examinar normas de muy dudoso ajuste constitucional.
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