Pocos días antes de asumir la Presidencia de Bolivia, que ganó con ventaja sobre los demás candidatos, el entonces presidente electo, Luis Arce, le respondía al diario El País, de España, que no llegaba al poder con ánimo de revancha contra sus opositores ni contra quienes lo atacaron a él y a su movimiento en la campaña electoral: “Hay gente que ha cometido delitos y, por supuesto, nosotros no vamos a encubrirlos. Que respondan ante la justicia, pero no queremos revancha. Hay muchas cosas por hacer”.
Cuando el periodista le insistió en la utilización de la justicia con fines políticos para atacar a los opositores, Arce prometió que su gobierno no lo haría: “No está bien judicializar la política. Afecta a la credibilidad de la propia justicia y las personas deben perder tiempo en juicios totalmente infundados (...). Cuando asumamos, los jueces y fiscales ya no van a tener la presión que está sufriendo hoy de este Gobierno. Si quitamos esa presión, los jueces y fiscales van a poder actuar de forma imparcial, cumpliendo la norma, y va a quedar claro que la mayoría de las acusaciones son eminentemente políticas”.
El actual presidente fue impulsado como candidato por el huido expresidente Evo Morales desde su supuesto exilio en Argentina tras abandonar el país, luego de su infructuoso empeño en eternizarse en el poder. Como bien se recuerda, Morales contravino su propia Constitución y forzó una interpretación antidemocrática, según la cual, a pesar de que en la Carta Política se prohibía la reelección indefinida, en su caso sí podría hacerse.
Se presentó a elecciones en 2019 y dividió al país de tal forma que los comicios estuvieron llenos de irregularidades y las sospechas de fraude levantaron una revuelta social que acabó con el jefe del Ejército solicitándole que no violentara la transparencia de las votaciones y que no asumiera de nuevo el poder. Morales y su vicepresidente tomaron un avión primero hacia México y desde allí esgrimieron que habían sido víctimas de un golpe de Estado.
No obstante, en Bolivia las ramas del poder público convinieron en seguir los mandatos constitucionales: en ausencia del presidente y del vicepresidente, el poder Ejecutivo debería asumirlo la presidenta del Parlamento, en ese momento la diputada Jeanine Áñez, quien, en efecto, tomó posesión del cargo y, luego de un período de dudas, convocó nuevas elecciones para 2020. Éstas las ganó el partido de Evo Morales, el MAS, y Áñez entregó pacíficamente el poder.
La presión de Evo, de su partido y, según denuncia el expresidente opositor Carlos Mesa, también del Gobierno de Arce, han hecho que la justicia haya ordenado la captura de la expresidenta Áñez, de dos de sus ministros, y los acuse de terrorismo, sedición y conspiración. Paradójicamente, Evo Morales habla de “defender la democracia”, la misma que Áñez hizo prevalecer al convocar elecciones y entregar el poder a quien las ganó. Ahora será objeto de una venganza político judicial ante la cual ya la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió: “... su preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”.
Esto se da en un contexto en el que, en claro desafío al principio de igualdad ante la ley, los adeptos al MAS de Evo Morales han venido siendo desvinculados de procesos judiciales, y así también lo glosa la OEA: “En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno”.
Quienes aún tengan dudas del cariz chavista de Morales y su movimiento, que son los dueños del actual gobierno boliviano, tienen allí a la vista las consecuencias de lo que les pasa a los opositores cuando el discurso del “Socialismo del siglo XXI” se toma el poder
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