Fueron tres años de escarceos los del Gobierno con el Eln, para que por fin se pueda instalar una mesa de negociación el próximo 27 de octubre, en Quito. Suficiente. Aunque hay que dar buen recibo a la iniciativa, deben evitarse más rodeos y dilaciones impresentables. Pero, sobre todo, es fundamental que la experiencia reciente del plebiscito y el limbo en el que está el proceso con las Farc sirvan para que haya sensatez, pragmatismo y realismo políticos, de cara al país, para no entrar luego a zonas muertas y riesgosas para el conjunto del proceso de construcción de la paz con las guerrillas.
El Gobierno Nacional y el Eln asumen el compromiso de ofrecer a los colombianos acuerdos que se ajusten a una medida satisfactoria de justicia y reparación para las víctimas, tanto frente a estándares internacionales como ante los requerimientos éticos y morales de la ciudadanía y la preservación de la estructura institucional y jurídica interna.
Hay un asunto transversal que se ha descubierto con el triunfo del No y la anticipación a la firma de un pacto, sin contar con refrendación popular y consenso político: se afectan la legitimidad y el curso del proceso y se extravía la gobernabilidad previa a la implementación de lo pactado. Si bien se espera que el acuerdo con las Farc salga de la arena movediza a la que ha caído, es obligación pedir que con el Eln no se firmen cheques impagables o en blanco.
Tal vez el liderazgo de alias “Pablo Beltrán” en el equipo negociador del Eln, por su estilo pragmático, permite por lo menos la expectativa de un diálogo fluido y sin la retórica a veces ininteligible o belicosa de otros jefes del Comando Central (Coce) del Eln.
La liberación de los secuestrados en poder de esa guerrilla está en marcha. Era una condición innegociable del Gobierno, como lo fue con las Farc, y por eso debe tratarse de entregas sin ningún tipo de contraprestación económica o política. El derecho a la libertad y el cese de un delito de lesa humanidad como ese no pueden ser moneda de canje ni excusa para concesiones.
Que vengan, sí, gestos progresivos de las partes para ambientar favorablemente las conversaciones y para crear en la ciudadanía la sensación de que es oportuno y productivo para el futuro de la nación buscar una solución negociada al conflicto con el Eln, porque afianzará la seguridad, ampliará el espectro de la participación política y reforzará la democracia, sin lesionar el Estado de Derecho, la Constitución y las reglas de juego del modelo económico.
Igual que lo exigió a las Farc, el país aguarda generosidad y sensatez del Eln para que empiece a desescalar el conflicto lo más pronto posible. La gradualidad del descenso de sus delitos y acciones ofensivas servirá para aliviar a comunidades rurales y urbanas y evitará que se refundan en el crimen estructuras y hombres de ambas guerrillas.
La agenda con el Eln comporta aspectos singulares frente a la de las Farc, lo cual habla de un proceso autónomo y que sería capaz de innovar en las dinámicas de consolidación de la paz en el país. Pero no debe abrir puertas a mecanismos o exigencias que deformen o desconozcan algunas herramientas, probadas y útiles, que dejan seis años (dos de acercamiento y cuatro de negociación) con las Farc.
Bienvenido el diálogo. Adelante con una mesa de conversación que abre la oportunidad histórica de desmovilizar y desarmar a otro actor principal de nuestras violencias.
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