Según el informe del Foro Económico Mundial sobre la competitividad global correspondiente al período 2017-2018, Colombia presenta una caída de cinco posiciones en el Índice Global de Competitividad (IGC) al pasar del puesto 61 al 66.
El retroceso en materia de competitividad se da en un entorno mundial en el que la recuperación económica cada vez se afianza más, favoreciendo un mayor número de regiones y países.
Como lo señala el reporte de la FEM, a pesar de estas mejoras, Latinoamérica exhibe un pobre desempeño que se expresa en el agravamiento de muchos de los fundamentales de la competitividad.
Ello hace que las brechas de la región con los países líderes se mantengan en los 12 pilares de la competitividad que conforman el Índice. En particular, se destacan los rezagos en las instituciones, la infraestructura, la eficiencia en el mercado laboral y la innovación.
Por tal razón, no resulta extraño que pocas naciones latinoamericanas presenten mejoras significativas y, particularmente, entre aquellas que ocupan los primeros lugares en la región como son, en su orden, Chile (33), Costa Rica (47), Panamá (50), México (51), Colombia (66), Perú (72) y Brasil (80).
A excepción de Costa Rica y Brasil, que avanzan siete y una posición, respectivamente, las otras, o permanecen estables (como Chile y México) o retroceden (como ocurre con Panamá, Colombia y Perú).
En medio de una economía mundial que ha crecido lentamente y cuya recuperación ha tomado un tiempo largo y una región, como Latinoamérica, que se ha visto fuertemente impactada por la crisis de los precios de las materias primas, Colombia, durante los últimos años, venía presentando un mejoramiento progresivo (pero parsimonioso) en su competitividad.
En este contexto, la caída en el Índice 2017-2018 aparece como un retroceso importante que obliga una mejor comprensión de lo que pasa en materia de competitividad para que se adopten los correctivos del caso.
No está de más recordar que la muy estrecha relación que se presenta entre las economías más competitivas y su alto nivel de desarrollo y bienestar, hace que los diferentes actores de la sociedad deban interesarse por la suerte de la competitividad del país.
Según lo indica el informe de la FEM, la caída de la competitividad de Colombia responde, principalmente, al deterioro del entorno macroeconómico (resultado del mayor déficit fiscal y la alta inflación de 2016) y a la desmejora en el mercado laboral.
Adicionalmente, los casos de corrupción que se han conocido y los problemas de eficiencia por parte del Gobierno afectaron el pilar de instituciones. A ello se le agrega la gran dificultad que se tiene para consolidar el avance en materia de infraestructura.
De nuevo, se evidencia que Colombia no consigue superar los problemas estructurales de fondo, los cuales están asociados a lo que en el IGC se denomina como el subíndice de “requerimientos básicos” del desarrollo.
Como se ha señalado repetidamente en estas páginas editoriales, el país no puede continuar desatendiendo el foco de la problemática en materia de competitividad y, por tanto, la agenda pública debe priorizar la atención y solución a los asuntos más esenciales.
En consecuencia, el énfasis de las acciones públicas (incluidas las reformas estructurales) debe concentrarse en los temas institucional, de infraestructura, de capital humano y de los mercados de bienes y laboral, al tiempo que deberán impulsarse los desarrollos tecnológicos y de innovación.
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