El informe final de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, presentado al final del mes de abril, es un diagnóstico fundamental sobre los temas que le encomendó la Ley 1819 de 2016. La Comisión revisó a fondo el sistema general de regalías, el sistema pensional, el sistema de salud, la educación, los subsidios y el funcionamiento del Estado.
Hay que recordar que la Comisión fue convocada por el gobierno en un momento muy difícil para las finanzas públicas, que se gestó desde 2014 cuando se desplomaron los precios del petróleo y otros bienes básicos exportados por Colombia. Las reducciones de los precios afectaron los ingresos externos y los del gobierno (estos cayeron 3,3% del PIB entre 2013 y 2016) y, así mismo, tuvieron un efecto devastador sobre el crecimiento que pasó de tasas de 4,4% en 2014 a 1,8% en 2017.
El ajuste, indispensable ante la nueva situación, se dio por medio de la devaluación de la tasa de cambio, la reducción del gasto de inversión del Gobierno y la búsqueda de ingresos alternativos para este último. El motivo principal para convocar la Comisión era el temor de una reducción gradual del impacto de las reformas tributarias, con las cuales se buscó aumentar el ingreso del Gobierno. En un escenario menos optimista con relación al recaudo, se hacía indispensable una reducción adicional del gasto. Sin embargo, esta no debía afectar el crecimiento y la equidad, algo no tan fácil de conseguir.
La Comisión tuvo entonces el mandato de buscar “ganancias en eficiencia, eficacia y equidad del gasto en lo que atañe a los recursos actualmente disponibles para los distintos sectores y procesos analizados”. Al respecto, concluye que los subsidios deben ser mejor focalizados y más eficientes, la inversión debe ser evaluada técnicamente, la programación presupuestal debe unificar la inversión con el funcionamiento en una sola entidad, y se deben reducir y flexibilizar las rentas de destinación específica.
Adicionalmente, plantea la urgencia de una reforma pensional con el objetivo primordial de ampliar la cobertura y que además modere la magnitud del gasto público en pensiones eliminando el subsidio a las pensiones altas. Las reformas al sistema de salud incluyen cambios en las IPS, en la aprobación de medicamentos y procedimientos y la claridad acerca de las deudas legítimas entre los actores del sistema. En la educación las sugerencias van desde los cambios en la educación básica y media, pasando por la financiación de las universidades públicas y modificaciones en el programa “Ser Pilo Paga”.
Se haría interminable la enumeración de las propuestas por su nivel de detalle y su alcance. Muchas de ellas requieren cambios institucionales como la creación de un consejo fiscal consultivo, las modificaciones en las funciones actuales del DNP o la reforma al sistema de regalías. Otras podrían implementarse de forma más inmediata. Es en general un ejercicio cuidadoso y muy serio que puede perderse si la urgencia se diluye, como puede darse con el reciente aumento del precio del petróleo que alivia las finanzas del Gobierno. Es muy importante no perder este esfuerzo, sobre todo si se tiene en cuenta que los problemas detectados por la Comisión siguen ahí y su solución, en algunos casos más que en otros, no da espera. Y, sobre todo, porque la minibonanza puede ser transitoria.
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