Las acciones de gobierno en Medellín siempre han requerido alcaldes con la disposición de ir a las comunidades a sumergirse en ellas y ejercer un liderazgo amigable, pero firme frente a los problemas ciudadanos, entre ellos los derivados de las estructuras criminales y sus actividades ilegales. Esta ciudad no se deja gobernar solo desde los escritorios: requiere un compromiso que se sienta hombro a hombro, calle a calle.
Es pertinente que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, decidiera trasladar parte de su equipo de funcionarios a las comunas 5 y 6 para despachar desde allí y conocer de cerca los gravísimos fenómenos de violencia y extorsión que afectan a los pobladores de esta parte de la ladera noroccidental.
En testimonios a diferentes medios informativos, los vecinos denuncian la existencia de redes criminales que cobran “vacunas” (microextorsiones) casa por casa, cuadra a cuadra, negocio tras negocio. Tenderos y familias obligados a pagar tributo a bandas y combos que, además, controlan los territorios y manejan la distribución de drogas.
El 2017 despuntó con cuatro homicidios en esa zona, resultado de las disputas entre organizaciones que azotan la vida comercial y comunitaria de la carrera 68, en Castilla, pero también del distrito de Robledo y de barrios contiguos como Tejelo, Francisco Antonio Zea y Pedregal.
Este año debe marcar un avance en los planes de seguridad de Medellín y uno de ellos debe ser la intervención focal y sostenida en los sectores críticos en materia de homicidios y criminalidad.
Si la gente, sometida e intimidada por los grupos ilegales, no va a denunciar a los despachos judiciales y de policía, por obvio temor, pues deben ser las autoridades las que vayan a sus vecindarios a palpar, en vivo y en directo, los males que la agobian. Alivia bastante ver que los gobernantes se solidaricen y se esfuercen por escuchar la voz de los ciudadanos de a pie que, día a día, padecen las tropelías de bandas empeñadas en dominar su vida cotidiana.
Hay un hecho preocupante: distintas fuentes, incluso mediante denuncias recibidas en este diario, señalan responsabilidad de algunos agentes policiales y a veces judiciales, por acción u omisión, frente a la permanencia de las bandas y combos en los barrios, en especial en puntos de venta de drogas ilegales. El alcalde, de la mano de los superiores de la Fuerza Pública y la Fiscalía, sabe que debe continuar la depuración del pie de fuerza.
No por ello pierde valor y motivación la tarea cumplida por la Policía y la Fiscalía durante el último trimestre de 2016, cuando se asestaron duros golpes al crimen organizado, particularmente al de motopartes y celulares robados. Medellín demanda ese espíritu renovado de las autoridades que, poco a poco, les cerrará espacio y maniobra a los agentes corruptos.
Estar en Castilla y Robledo estos días le permitirá al equipo de la Alcaldía recoger información valiosa y precisa, como ya está ocurriendo, sobre los actores y modalidades delincuenciales que durante el último año golpean esos vecindarios. Esa labor in situ también permitirá afinar las acciones sociales complementarias que se requieren.
Esta ciudad exige trabajar sin descanso. No permite vacilaciones ni aplazamientos. Y mucho menos se complace con liderazgos distantes y aislados. Así que el gobierno en mangas de camisa, cuando se requiere, le sienta bien.
