Hay coincidencia entre los expertos consultados: la enfermedad mental y quienes la padecen están abandonados a su suerte dentro de los rangos de prioridad del sistema de salud pública en Colombia. Abandono familiar a los pacientes, falta de espacios y cupos con procesos médicos y profesionales adecuados, subregistro por vergüenza social o incapacidad de atención del sistema, diagnósticos poblacionales desactualizados y resistencia a aceptar y manejar la enfermedad, están entre algunas causas de un problema creciente.
Dos informes recientes de este diario abren la ventana a un panorama si se quiere depresivo, desconsolador, de las limitaciones y atraso del tratamiento de las personas afectadas por alteraciones mentales desde leves hasta severas. Antioquia no es excepción dentro de los reportes preocupantes en la materia.
Solo en 2016, según el Sistema de Información de Prestaciones de Salud, 169 mil 800 ciudadanos acudieron en busca de ayuda profesional. El 94,6 por ciento de ellos lo hizo por prevención o porque, en efecto, se sentía enfermo.
La violencia urbana y rural, las condiciones de pobreza, la drogadicción y el vértigo contemporáneo productivo y la disfunción del núcleo familiar básico están entre posibles orígenes de los trastornos.
Las críticas reiteran que la enfermedad mental, creciente en la población colombiana, no es una prioridad ni en materia presupuestal ni de los planes de salud nacional. “Es la cenicienta del sistema de salud” o para los pacientes, incluso los más críticos, encontrar ayuda es un “paseo del sufrimiento”, son frases que hacen carrera en el campo de los especialistas de salud mental y de los mismos afectados.
Otro de los rostros más desoladores y ocultos es el abandono de los enfermos por parte de sus parientes. Por incapacidad económica, debido a los altos costos de los fármacos y de los desplazamientos a los pocos centros especializados públicos que hay en el departamento. O porque es difícil garantizar tratamientos particulares: puede implicar erogaciones de millones de pesos al mes. Hay episodios, también, de vergüenza y desinterés de las familias por quienes entran en algún estadio de desbalance mental.
Las autoridades de Medellín, las metropolitanas y las departamentales están llamadas al diseño de planes de salud de mayor cobertura, especialización y “modernidad médica”. Desconocer las tasas actuales de enfermedad mental en aumento, por lo menos en trastornos como la esquizofrenia y la depresión, es darle la espalda a un factor objetivo de incidencia en la productividad, la salud social general y la calidad de vida de las familias antioqueñas.
De casi 21 mil pacientes atendidos en 2017 por síntomas de depresión, 16 mil eran mujeres. En pacientes esquizoides, de cada 100, 68 eran hombres. Las estadísticas las completan la ansiedad y el trastorno afectivo bipolar.
En una sociedad en crecimiento, que carga el lastre de procesos históricos atravesados por violencias diversas, con circunstancias de inequidad que impactan las dinámicas comunitarias y familiares, y en un Estado que pretende afianzar garantías a derechos fundamentales como la salud, la atención de los problemas mentales de su población no deberían soslayarse.
Que no sean las tutelas, las demandas o el abandono, los rectores en el tratamiento de un asunto prioritario para todos los estratos del país.
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