Hace pocos años, en 2011, hubo en el país un incipiente debate, que no llegó a abordarse plenamente, sobre la conveniencia o no de continuar con el sistema de elección popular de alcaldes. La razón de poner en duda este mecanismo democrático y participativo era la corrupción que asolaba los entes locales.
Hoy todavía se oyen voces que plantean que el sistema de nombramiento es más adecuado, porque aleja las prácticas clientelistas, anula la compra de gobernantes por parte de contratistas que financian sus campañas, y evita que los elegidos pasen sus mandatos cumpliendo los compromisos de campaña –intereses particulares– privilegiándolos por encima de los de las comunidades que deberían gobernar –intereses generales–.
Aunque suena persuasivo en algunos puntos, no es un argumento plenamente convincente. Los alcaldes y gobernadores, si no son elegidos popularmente, serían nombrados, en todo caso, atendiendo componendas políticas. Estamos en Colombia y nuestro sistema político es el que es, y no por ahora el que sueñan los teóricos revisando manuales de teoría comparada.
La elección popular, a pesar de sus vicios y evidentes problemas por la corrupción, sigue siendo el sistema que más se ajusta a una democracia participativa y representativa. Acerca a los gobernantes con sus gobernados. Y habilita, si la ciudadanía así lo asume, un mayor control de la gestión.
Pero ello no obsta para que este sistema se someta a escrutinio y a una profunda revisión, pues es evidente que la corrupción que carcome todos los niveles de la administración pública encuentra en las alcaldías también un nicho que ha sido aprovechado sin escrúpulos por políticos de todos los orígenes.
Ayer publicábamos un informe que recogía los datos de la Misión de Observación Electoral sobre alcaldes que no terminan sus mandatos –o incluso ni pueden iniciarlo– por tener que afrontar penas en procesos judiciales o disciplinarios. Desde enero de 2016, que iniciaron el período luego de las últimas elecciones, 30 han sido capturados y enviados a prisión (12 de ellos son de Cambio Radical o llegaron apoyados por este partido). Seis fueron capturados antes de posesionarse. La Fiscalía adelanta procesos penales contra otros 230, casi todos por delitos de corrupción.
Los métodos de desfalco son múltiples, y la imaginación criminal de las redes corruptas es infinita. Los alcaldes llegan siendo deudores de acreedores voraces que les exprimen decenas y hasta cientos de veces lo aportado para financiar sus campañas. Y los presupuestos municipales, mucho más dotados que los departamentales, son olla propicia para meter mano. Y dentro de esta calamidad pública, no es menor el hecho de que los alcaldes de las grandes y medianas ciudades controlen a través de fichas clientelistas las entidades que deberían vigilarlos: las muy politizadas e inoperantes contralorías.
Sin embargo, el problema no es solo penal, disciplinario o fiscal. Es, ante todo, político. Pues los partidos y movimientos políticos, ya por sí mismos o mediante coaliciones, no asumen ninguna responsabilidad ante el hecho de que sus candidatos avalados y luego gobernantes en ejercicio defrauden la confianza ciudadana. Antes bien, salen recompensados, porque son ellos mismos los que ponen el reemplazo del alcalde retirado por la justicia. En tiempos en que se vuelve a hablar de reforma política, este es uno de los asuntos de mayor entidad que debe abordarse, si realmente existe la voluntad de atajar la corrupción que devora el sistema institucional colombiano.
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