Una tarea inaplazable para el país es el aseguramiento real de su propio territorio. Mientras ello no suceda seguirán siendo frecuentes noticias como la publicada esta semana en EL COLOMBIANO en la que se denuncia la presencia de grupos armados ilegales en 17 de sus 59 parques naturales.
Estos espacios, que comprenden 54 millones de hectáreas de zonas protegidas, áreas de reserva y áreas naturales únicas, como el parque de Los Estoraques, en Norte de Santander, imposible de restaurarse en caso de pérdida, hacen de Colombia una de las naciones de mayor biodiversidad en el mundo, meridiano del turismo ecológico global y centro de trabajo de biólogos, botánicos, antropólogos y otras disciplinas afines.
Destacamos el esfuerzo del actual Gobierno Nacional por incorporar a estos territorios otros 4,5 millones de hectáreas nuevas, pero más que ello debe emprenderse, de manera decidida, una estrategia de custodia y consolidación efectiva de la presencia del Estado en todas esas áreas, que brinde opciones de desarrollo, seguridad y atención a las comunidades nativas y no nativas con gran historia en esas regiones de la “Colombia profunda”.
No puede ser que declarar una zona como parque nacional natural, sea algo así como convertirla en territorio de nadie, donde termina imperando la ley del más fuerte, tal como ha sucedido durante décadas. Fue en esos territorios donde se hicieron inexpugnables las Farc para cualquier ejército, oficial o no, que intentó doblegarlas, en sus más de 60 años que estuvieron en armas. Desde allí salió el grueso de la organización tras su desmovilización, pero hoy, lamentablemente, para la historia del país, esas áreas son copadas por disidencias, organizaciones neoparamilitares, asociadas al narcotráfico, y otras expresiones de la delincuencia común y organizada.
Así aquello que debía ser un laboratorio para la ciencia y la protección ambiental, es centro de destrucción de ecosistemas por la deforestación, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la producción de narcóticos, que envenenan el suelo y las fuentes con precusores químicos que son arrojados a estas con total desprecio para la vida.
Sin duda, un examen futuro, ojalá y no lejano, a estos santuarios de flora y fauna; que la humanidad tiene en Colombia, dirá si el actual proyecto de paz fracasó o no.
Si el Estado no busca mecanismos alternativos de apoyo, presencia y desarrollo y, por supuesto, promoción de las comunidades, la devastación será irreparable.
Pese a su complejidad el tema ni siquiera es asunto de discusión de fondo en el actual debate electoral, que elegirá Congreso y Presidente de la República. Ningún candidato habla del mismo más allá de generalidades cuando algún periodista le pregunta al respecto, toda vez que se le considera un asunto para después.
La defensa de nuestros santuarios naturales debe ser asunto de política nacional, que cree conexiones entre los mismos para evitar su aislamiento, lo cual rompe el intercambio de la biótica que se extiende por naciones y continentes, lleva a la endogamia y la desaparición de numerosas especies.
Insistimos, el país está en mora de una política sostenible, agresiva, nacional y envolvente de valoración, conocimiento, penetración y acceso efectivo de estos espacios, patrimonio de todos los colombianos y el mundo.
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