La desocupación progresiva y prematura de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) donde se asentaron los exguerrilleros de las Farc genera preguntas y preocupaciones, debido a que son más las razones de inconveniencia las que llevan a los desmovilizados a irse a otros lugares, que la elección libre y favorable de rehacer sus vidas en sitios regulados y de civilidad.
Además de tender a convertirse en un estigma, en casos como los de Carrizal, en Remedios, Nordeste de Antioquia, la permanencia en los ETCR plantea riesgos de seguridad. El entorno, según denuncias de los mismos excombatientes, está penetrado por grupos ilegales que amenazan con incursionar en los territorios, lo cual puede afectar no solo a los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) sino a las comunidades campesinas cercanas.
En sitios como Gallo, entre Córdoba y Antioquia, los desmovilizados salieron del campamento debido a la falta de tierra para desarrollar sus proyectos productivos. Muchos de ellos no ven “oportunidades de éxito” para sus iniciativas de sustento económico.
La descripción del gobierno departamental es menos que escéptica: “zonas moribundas, vivir allá es muy maluco porque no hay ni electricidad ni acueductos, encerrándolos los estamos privando de la civilidad”. En esos espacios no se completan los cometidos en infraestructura básica.
La “desbandada” desde los ETCR no significa la deserción del proceso, pero puede serlo en la medida que los excombatientes pierdan la confianza en la asistencia y el acompañamiento y en tanto sus posibilidades de ser productivos e insertarse efectivamente en la civilidad se vayan diluyendo.
Afuera hay dinámicas y contextos plagados de ofertas de ilegalidad, dado que esos territorios, para nadie es un descubrimiento, están conectados con hectáreas de cultivos ilícitos y asociados a corredores del narcotráfico. Abundan las ofertas y las tentaciones, a medida que crecen el desestímulo y la incertidumbre entre los exguerrilleros.
Ya lo advertimos: si la chequera de los grupos armados ilegales les gana la apuesta a las opciones y las ofertas estatales, con programas de capacitación oficial que no se concretan rápidamente en la realidad y la cotidianidad de los desmovilizados, las “disidencias” pueden ir en aumento.
Dirigentes de las mismas Farc han confirmado que en zonas como Cauca y Tumaco, las mafias les ofrecen dos millones de pesos a los combatientes rasos y entre ocho y diez millones a quienes fueron jefes de escuadras y frentes subversivos durante el conflicto. Se trata de una mano de obra “preparada y muy funcional” para los objetivos del crimen organizado.
Los ETCR registran una desocupación de entre el 80 y el 35 por ciento. No debería ser visto como una debilidad que los excombatientes quieran vivir y adentrarse en las lógicas del ciudadano común y corriente. De eso se trata. Y aunque, como el mismo Gobierno Nacional lo analiza, estos pueden ser “pasos adelante” en la ruta de la reincorporación, una matriz de fortalezas y debilidades actual muestra la balanza inclinada a lo segundo.
El monitoreo y el esfuerzo sostenido de las agencias oficiales, no gubernamentales e internacionales es esencial para impedir que el desalojo de los ETCR no se convierta en el riesgo del fracaso y la frustración vaticinados desde tantos actores y espacios públicos y políticos.
