Las emisiones en nuestra jurisdicción son de aproximadamente 15.952 gigagramos de CO2 equivalente, y las capturas son 7.300. Es decir, generamos emisiones netas de unos 8.600 gigagramos, el 79,56 % por el sector agropecuario, forestal y otros usos del suelo.
Eso corresponde a la ampliación de frontera agrícola y ganadera, cambio en el uso del suelo, de coberturas vegetales, y también actividades ilícitas.
Hay ecosistemas con una capacidad mayor que el promedio de captura, en especial metano. Por eso redirigimos la estrategia de declaratoria de áreas protegidas hacia ciénagas y humedales (Barbacoas, Sapo, Hoyo Grande y Chiqueros) que nos ayudan a compensar esas emisiones y a contener la ganadería.
Otra estrategia es la reconversión productiva, con asociaciones de ganaderos, para que migren de solo pastos, a sistemas agrosilvopastoriles, para contrarrestar los gases de invernadero producto de su actividad.
Y 70 % de los municipios con acompañamiento nuestro, tiene su plan de gestión del riesgo, que incluye la variable de cambio climático. Es un cambio cultural en las administraciones: entender que este no es un problema de ambientalistas, por moda, sino que tiene efectos concretos en sus municipios.
