La idea de la elección popular de alcaldes, pasada como Acto Legislativo en 1986, pretendía generar una competencia pluralista por el poder, al tiempo que desmantelaba el bipartidismo del Frente Nacional.
Pero una reforma institucional no genera por sí sola una sociedad pluralista. Y esa reforma ocurrió al mismo tiempo que los partidos políticos se fragmentaron por el menor umbral y el voto preferente.
Con esto se perdió en gran parte la posibilidad de hacer control político y de que los ciudadanos pudieran ejercer el voto castigo.
Por otro lado, tampoco se fortalecieron los mecanismos de control electoral, en especial la capacidad del Consejo Nacional Electoral para hacerles seguimiento a las campañas locales.
Finalmente, esta reforma se hizo a la par de la descentralización fiscal, transformación que también buscó eliminar controles nacionales y facilitar el gasto local. Todo coincide, se debilitan los partidos, el control fiscal se hace más difícil y el control electoral nunca se fortalece.
En estas circunstancias, a todas estas reformas “liberalizadoras” les faltó control burocrático y apoyo nacional
Regístrate al newsletter