Estamos ante una Constitución sólida desde el punto de vista de su estructura normativa. Su contenido es rico en valores y principios; con un importante arraigo en la democracia; con un sentido participativo y una visión pluralista de la sociedad. Con una carta de derechos muy completa, que no solo está a la altura de los avances alcanzados a nivel internacional, sino que supera en muchos aspectos lo conseguido en países de tradición y experiencia. Trajo nuevos organismos e instituciones que han permitido la proximidad entre el ciudadano del común y su Constitución, como la Corte Constitucional y la acción de tutela.
Es una Constitución que nos enaltece ante el mundo y que debe ser defendida con vigor por la sociedad; cuyos fundamentos -firmemente democráticos- deben permanecer y profundizarse mediante la acción de todas las ramas y órganos del poder público.
El papel de la Corte Constitucional resulta trascendental como salvaguarda, imparcial y determinante, del orden jurídico. Los tribunales constitucionales no han sido consagrados para complacer al gobernante, ni para sacar adelante sus proyectos. El incienso no es lo suyo. Les corresponde respetar y hacer respetar la Constitución, que no sea burlada, ni tergiversada; que sus valores se realicen; que sus principios se observen.
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