Aunque el gasto en Colombia no es el mayor dentro de la región ni entre países similares, su ejecución rompe los principios básicos de la teoría: su carácter redistributivo es ninguno (el coeficiente de Gini pasa de 0.53 a 0.52 tras impuestos y transferencias); y la proporción del gasto destinada a la provisión de bienes públicos como educación o salud es muy baja, quedando la mayor parte para funcionamiento. La creación de la Comisión de Gasto es un hecho para celebrar, pues supera el simple análisis tributario (cómo aumentar el recaudo), y permite revisar la eficiencia en la ejecución. El informe da luces sobre el porqué de la dinámica mencionada: primero, una alta rigidez de la estructura de gastos; segundo, una estructura institucional (elaboración de presupuesto, contratación y licitaciones, entre otras) que favorece la ineficiencia y la corrupción y, tercero, un alto riesgo de insostenibilidad asociado al gasto pensional. Sin embargo, le faltó proponer medidas más arriesgadas: aumentos considerables del gasto social derivados de los ahorros en otros ítems; una política clara de financiamiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación y mayor progresividad en la política social. Con todo, es un insumo fundamental antes de volver al tema de la “próxima reforma tributaria estructural” que prometen todos los gobiernos entrantes y que nunca llega.
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