Los conocedores del mercado interpretan que la petición se la Superintendencia supone que la operación de Air-e está en peligro, ¿por qué?
La Superintendencia de Servicios Públicos solicitó a las empresas generadoras de energía brindar energía a Air-e, compañía intervenida, a mejores precios.
La entidad hizo esa petición con base en la Ley 142 de 1994, que asegura que los servicios públicos se deben prestar con eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad.
La idea de la entidad de vigilancia no es otra que Air-e sea menos expuesta a los altos precios en bolsa, ya que no tiene la capacidad de firmar contratos a largo plazo.
No obstante, la petición no fue bien recibida por los conocedores del mercado, ya que la consideran inoportuna, teniendo en cuenta la deuda del Gobierno con las compañías de energía.
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, precisó que el Gobierno ya le debe $2,8 billones a las empresas por concepto de subsidios en las tarifas para estratos 1, 2 y 3.
Agregó: “Y además, sin que la Superintendencia de Servicios Públicos, que fue creada para defender a los consumidores, se haya pronunciado al respecto. Apelar, entonces, al principio de solidaridad para que colabore para garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región, está fuera de lugar”.
Eso no fue todo, el exfuncionario añadió que no es lógico que se pida a las compañías cobrar sus servicios a un precio que no supere el costo-eficiencia. Esto, porque considera que es la propia Ley 143 de 1994, la que establece que las tarifas se deben regir por los principios de la suficiencia financiera y los costos eficientes.
En su concepto, la Superintendencia debería velar por el cumplimiento de estos dos principios, para no poner en riesgo la prestación del servicio.
La mayor preocupación para Acosta obedece a que la medida “busca mitigar el riesgo de una posible interrupción del servicio, mientras Air-e trabaja en su estabilización y en el restablecimiento de su capacidad operativa”.
La interpretación del exministro es que la petición de la Superservicios deja ver que la operación de Air-e se encuentra en peligro.
Hay que recordar que EPM demandó al Estado por la enorme deuda en el pago de dichos subsidios. El propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló que el Juzgado Décimo Civil del Circuito ordenó el embargo.
Frente a ese asunto, Fenalco Antioquia instó al Gobierno a cumplir con las obligaciones financieras que tiene con EPM y otras empresas del Grupo EPM en Colombia, que superan los $4 billones, de los cuales $1,4 billones corresponden a subsidios a la tarifa de energía.
