La USO volvió a exigir a la junta directiva la salida de Ricardo Roa de la presidencia, y amenazó con movilizaciones; pero surgió una división interna que cuestiona la legalidad y conveniencia de convocar un paro.
En medio de la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Fernando Ravelo, reiteró el llamado a la junta directiva para que aparte del cargo al presidente de la compañía, Ricardo Roa.
El dirigente sindical reafirmó la postura de la USO frente a la crisis reputacional de la petrolera, en medio de las investigaciones de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias que involucran al directivo.
Durante su intervención, Ravelo insistió en que los nueve miembros de la junta deben actuar con autonomía para evitar un eventual impacto negativo en la empresa, especialmente ante la posibilidad de intervención de agencias internacionales, como la OFAC y la SEC.
Asimismo, lanzó un ultimátum al advertir que, si no se toman decisiones, el sindicato avanzará hacia una movilización de trabajadores a nivel nacional.
“Hemos definido que si la junta de Ecopetrol no toma una decisión, vamos a desarrollar movilización a nivel nacional”, afirmó.
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El líder sindical también señaló que no se descarta la suspensión de la producción y el transporte de combustibles como medida de presión, con el objetivo de defender a más de 55.000 trabajadores y proteger los aportes de la compañía a la Nación.
En ese contexto, Ravelo aseguró que la USO mantiene una posición política independiente, enfocada en la estabilidad de Ecopetrol y no en intereses gubernamentales.
Sin embargo, la postura del sindicato no es unánime. En las últimas horas se evidenció una fractura interna dentro de la organización tras el anuncio de convocar movilizaciones.
El pronunciamiento inicial que exigía la salida de Roa ahora enfrenta resistencia desde sectores del propio sindicato, que cuestionan tanto el procedimiento como la pertinencia de las medidas anunciadas.
Ariel Corzo, miembro de la junta directiva de la USO, aseguró que la decisión de promover movilizaciones no fue adoptada a través de los canales institucionales del sindicato.
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“Esta decisión informada por el presidente de la USO de adelantar una movilización (...) no se tomó en instancias institucionales, obedece a la postura solo de un sector”, afirmó.
Corzo agregó que ese mismo sector ha impulsado posiciones como el respaldo al fracking, en contravía de decisiones previas adoptadas por la máxima autoridad del sindicato.
Desde este sector también se cuestionó la conveniencia de convocar a un paro en el actual contexto. Aunque se reconoció la movilización como un derecho legítimo, se considera que su uso debería enfocarse en otros frentes.
Según Corzo, estas herramientas deberían emplearse para defender a Ecopetrol frente a procesos de privatización, proteger derechos laborales en futuras negociaciones colectivas y garantizar la aplicación de la convención colectiva a todos los trabajadores del grupo.
El dirigente advirtió además que mencionar públicamente escenarios como una eventual intervención de agencias internacionales podría generar efectos adversos, como pánico económico, deterioro reputacional e incertidumbre en el sector energético.
En ese sentido, pidió permitir que la junta directiva actúe con independencia y autonomía, mientras se mantiene el monitoreo de la situación.
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Finalmente, Corzo insistió en la necesidad de actuar con prudencia en medio del debate interno y del contexto que atraviesa el sector petrolero, evitando decisiones que puedan afectar la estabilidad de la empresa y la confianza del mercado.
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