El clima de negocios en Colombia tomó un tinte de incertidumbre tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de lanzar una ofensiva de fiscalización sin precedentes sobre las finanzas de las empresas. La entidad comenzó a exigir información detallada sobre cómo las compañías definen sus precios, qué márgenes de ganancia manejan y cómo aplican sus esquemas de descuentos.
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Esta medida, que la SIC justifica como un “estricto control” para evitar abusos tras el alza del 23,7% del salario mínimo, fue recibida por los gremios empresariales como un acto de “animadversión” y una amenaza directa a la propiedad privada.
La polémica no es menor, pues el requerimiento de la entidad consta de siete solicitudes técnicas y jurídicas de alta complejidad. La SIC no solo quiere saber el precio final al consumidor, sino que indaga en los algoritmos, modelos de costos de importación, logística y el impacto de la volatilidad del dólar en cada producto.
Incluso, la entidad busca entender si las empresas usan los niveles de inventario para manipular los precios. Para los representantes de los empresarios, estas preguntas no son una simple vigilancia, sino un intento de “coadministración” estatal que vulnera el artículo 333 de la Constitución Política, el cual consagra la libertad de empresa.
“El camino de la Venezuela chavista”: Fenalco sobre medidas de la SIC
Uno de los pronunciamientos más severos provino de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Su presidente, Jaime Alberto Cabal, calificó la actuación de la SIC como un “paso en falso” que desnaturaliza la función de la entidad para convertirla en una “Superintendencia de Precios”.
Cabal fue más allá y comparó estas medidas con las políticas implementadas durante el comunismo de la cortina de hierro y, más recientemente, con el modelo económico de Venezuela. Según el dirigente, los controles administrativos de precios fueron los que acabaron con la prosperidad del vecino país, derivando en desabastecimiento, hambre y migración masiva.
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Desde Fenalco se argumenta que exigir a un establecimiento que desglose la fijación de precios de más de 40.000 referencias es una tarea imposible y demuestra una profunda ignorancia de la microeconomía. Cabal señaló que es “una perogrullada” preguntar por variaciones de precios en alimentos perecederos que cambian a diario en las centrales mayoristas o cuestionar descuentos en ropa y calzado cuando hay exceso de existencias.
Para el gremio, el Gobierno está intentando reparar con amenazas el daño económico causado por el ajuste desbordado del salario mínimo, lo que paradójicamente podría incentivar el contrabando y la escasez.
“Vigilar no es acosar”: responden Andi y Fenalco a la SIC
Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó una profunda preocupación por lo que considera un exceso de facultades legales.
Según el gremio, la ley no le otorga a la SIC la competencia para inspeccionar, por sí mismos, los márgenes de ganancia o las estrategias comerciales de actores privados. La Andi advirtió que solicitar esta información de manera masiva pone en riesgo los secretos industriales y la confidencialidad estratégica, elementos vitales para la competencia en un mercado formal.
Para los industriales, la protección del consumidor es esencial, pero debe ejercerse bajo el respeto al debido proceso administrativo y sin vulnerar la reserva comercial.
En sintonía con esta postura, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, fue enfática al señalar que “inspeccionar y vigilar no es acosar”. Gutiérrez argumentó que el Estado tiene el deber de investigar conductas ilegales concretas y probadas, pero no puede tratar a todas las empresas como “sospechosas” pidiendo su lógica interna de precios de forma preventiva.
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Para el Consejo Gremial, cuando el regulador cruza la línea de fiscalizar la rentabilidad, el mercado deja de ser libre y se encamina hacia un control de precios indirecto que ahuyenta la inversión y el crecimiento económico.
¿Cuál es el impacto de la medida de la SIC sobre empresas de Colombia?
El conflicto plantea un dilema sobre los límites del poder estatal en la economía. Mientras la SIC sostiene que su actuación busca proteger el bolsillo de los colombianos frente a precios “inequitativos” o excesivos, los gremios aseguran que la reserva comercial no es un privilegio negociable, sino una garantía constitucional.
Los empresarios advierten que el problema real de Colombia no es la rentabilidad de las empresas, sino la falta de ejecución del Estado. Para los líderes gremiales, si hoy se permite que el Gobierno decida centralizadamente sobre los márgenes de ganancia, mañana no habrá incentivos para la innovación ni para la creación de empleo.
La situación deja al sector productivo en una posición defensiva frente a lo que consideran un “asedio” administrativo. Los gremios hicieron un llamado a la cordura técnica, recordando que la libertad de empresa es el marco que hace posible la productividad del país.
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