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Tribunal de Cundinamarca niega pedido para reversar venta de Isagén

El Tribunal Administrativo de Cundinarmarca admitió última demanda, pero no acogió medidas que suspendan enajenación.

26 de enero de 2016
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En Medellín avanzan los preparativos de la asamblea extraordinaria de accionistas de Isagén del próximo lunes, en la que debutará el nuevo dueño mayoritario de Isagén, el fondo de inversión canadiense Brookfield.

Entre tanto, se extinguen las posibilidades jurídicas de reversar la privatización del control accionario, por el que la firma extranjera ya giró al Tesoro Nacional, 1.925,53 millones de dólares.

De hecho, en la tarde de ayer el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción popular interpuesta el 18 de enero pasado por un grupo de senadores y la Red de Justicia Tributaria (RJT).

Sin embargo, fueron negadas las medidas cautelares de urgencia que se solicitaron para suspender la enajenación de acciones.

“Se entiende que no hayan contemplado las medidas cautelares, porque la lógica de esa solicitud es prevenir un daño irremediable, pero en este caso ya ocurrió”, lamentó José Roberto Acosta, uno de los demandantes y miembro de la RJT, en diálogo con este diario.

Pero también llama la atención de que la admisión de la demanda para un fallo de fondo, también es indicativo de que el alto tribunal reconoce elementos sustantivos en la argumentación jurídica de la acción popular. En ese sentido, la demanda solicita “amparar el derecho colectivo, la libre competencia económica, que fue vulnerando tras adelantar el proceso de enajenación con un oferente único”.

Mientras hay algún pronunciamiento del Tribunal, sin límite de tiempo para hacerlo, ayer el contralor General, Edgardo Maya, anunció una auditoría al proceso de enajenación del 57,61 por ciento de Isagén y verificar si se presentó alguna irregularidad, informó Colprensa (ver Protagonista).

Cabe recordar que desde marzo de 2015, la Corte Constitucional impidió al ente de control advertir de forma previa ante operaciones que comprometan patrimonio público.

Al respecto, Acosta concluyó: “cuando tenía facultad de control previo no hizo nada (la Contraloría), menos ahora que tiene menos dientes en una revisión posterior de oficio”.

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