La polémica que se generó tras un proyecto de decreto que pretende un posible incremento del 23% del salario mínimo en Colombia se ha concentrado, hasta ahora, en su impacto sobre la inflación, el empleo y el costo de vida. Sin embargo, el debate deja por fuera un efecto menos visible, pero igual de relevante y es el impacto automático que un alza de esa magnitud tendría sobre los salarios más altos del país, incluidos los de altos funcionarios del Estado como los senadores, quienes tendrían aumentos de más de 11 millones de pesos.
Y es que en el territorio nacional, el salario mínimo no solo define el ingreso base de millones de trabajadores, sino que funciona como una unidad de referencia para otros pagos, entre ellos el salario integral. Según la legislación vigente, el salario integral equivale a 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), una figura pensada para trabajadores de altos ingresos que agrupa salario y prestaciones en un solo pago.
Si el salario mínimo aumentara 23%, el umbral del salario integral subiría de forma automática, arrastrando consigo los ingresos de quienes devengan montos superiores a los 18 millones de pesos mensuales. Esto implicaría incrementos salariales de varios millones de pesos para ejecutivos, altos directivos y también para funcionarios públicos cuyos ingresos están atados directa o indirectamente al salario mínimo.
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Este efecto abre un debate de fondo sobre equidad. Mientras el argumento del Gobierno se centra en cerrar la brecha entre el salario mínimo y el denominado “salario vital”, un aumento de esta magnitud también ampliaría las distancias en la parte alta de la pirámide salarial, beneficiando a quienes ya se encuentran en los niveles de mayores ingresos.
El caso del sector público resulta especialmente sensible. Senadores, magistrados y altos funcionarios verían crecer sus remuneraciones por efecto del reajuste del mínimo, generando un costo fiscal adicional y una señal contradictoria frente al discurso de reducción de desigualdad que acompaña la propuesta.
Expertos en mercado laboral han señalado que esta estructura evidencia una distorsión histórica del sistema salarial colombiano: la excesiva dependencia del salario mínimo como referencia general. Para algunos analistas, una discusión responsable sobre el salario mínimo debería ir acompañada de una revisión del esquema del salario integral, precisamente para evitar que un aumento pensado para proteger a los trabajadores de menores ingresos termine trasladándose de forma desproporcionada a los más altos.
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Efectos del aumento del salario mínimo en un 23% sobre el salario integral
En esa misma línea, Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian y economista, advirtió por medio de su cuenta de X que un aumento del salario mínimo del 23%, sin revisar la figura del salario integral, tendría un impacto fiscal significativo y difícil de absorber para el Estado.
Según Ortega, al estar el salario integral definido en múltiplos del salario mínimo, el ajuste se trasladaría automáticamente a los ingresos más altos del sector público. “Todos los que ganan más dentro del Estado van a recibir aumentos equivalentes a más de dos salarios mínimos adicionales cada mes”, señaló, lo que incrementaría de forma sustancial el gasto en nómina.
El economista alertó que este efecto podría disparar el déficit fiscal, al generar incrementos salariales que no responden a criterios de productividad ni a una política explícita de redistribución. En términos anuales, explicó, algunos altos funcionarios podrían superar ingresos cercanos a los 274 millones de pesos al año como resultado del ajuste.
Uno de los casos más sensibles sería el del Congreso. De acuerdo con Ortega, un aumento de esta magnitud implicaría que los senadores recibirían cerca de 11 millones de pesos adicionales mensuales, una cifra que reaviva el debate sobre la equidad del sistema salarial y el uso de los recursos públicos en un contexto de restricciones fiscales.
Cabe explicar que el salario de un senador actualmente en Colombia está fijado en 52 millones de pesos, por lo que un aumento del 23% incrementaría su salario 11.960.000 pesos más, pasando a ganar 63.960.000 pesos aproximadamente.
Aumento desproporcionado del salario mínimo aumenta brechas salariales
A esta lectura se suma la de Andrés García, economista del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, quien advirtió que un aumento elevado del salario mínimo termina condicionando las decisiones financieras de las empresas. Según explicó, la indexación al mínimo obliga a priorizar los incrementos salariales únicamente en aquellos cargos donde la ley lo exige, mientras que en los demás niveles las empresas tienden a contener o limitar los ajustes, lo que podría traducirse en mayores brechas salariales al interior de las organizaciones.
García señaló que este tipo de incrementos no mejora las condiciones de quienes ya tienen salarios más altos, salvo en los casos en los que están directamente indexados al mínimo. En la práctica, el beneficio se concentra en quienes devengan el salario mínimo legal vigente. En contraste, un trabajador que gane, por ejemplo, cinco salarios mínimos —y que no tenga un salario integral— probablemente reciba aumentos inferiores al porcentaje en que se incremente el salario mínimo, como mecanismo de ajuste empresarial para absorber el impacto del alza.
De otro lado, Luis Carlos Reyes, exdirecto de la Dian y ex MinComercio señaló que la ley no obliga a que los salarios superiores a 13 salarios mínimos sean integrales, sino que solo permite que puedan pactarse bajo esa modalidad. En ese sentido, aclaró que la medida no tendría impacto sobre los funcionarios públicos, ya que, aunque muchos devengan ingresos por encima de ese umbral, en general no reciben salario integral, sino que su remuneración está compuesta por salario base, primas y cesantías.
En cuanto al sector privado, Reyes señaló que el eventual impacto no sería salarial, sino administrativo, pues el único costo para las empresas estaría asociado al trámite de trasladar a algunos trabajadores de un esquema de salario integral a uno ordinario, en los casos en que aplique. Según indicó, no se trataría de un incremento directo en la nómina, sino de un ajuste en la forma de liquidar y administrar las prestaciones.
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En ese sentido, el eventual incremento del 23% reabre una pregunta clave: ¿tiene sentido que el salario mínimo siga siendo el ancla de los ingresos más altos del país? Para sectores académicos, cualquier reforma que busque mayor equidad debería separar claramente la política de protección al ingreso básico de los mecanismos que determinan las remuneraciones de quienes ya están muy por encima del promedio salarial.
Así, más allá del impacto inflacionario o laboral, la discusión del salario mínimo deja al descubierto un tema estructural pendiente: la necesidad de repensar el diseño del sistema salarial para que los ajustes no terminen profundizando, paradójicamente, las brechas que dicen querer cerrar.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cómo afectaría un aumento del 23% del salario mínimo a los funcionarios públicos?
- Un aumento del salario mínimo de esta magnitud aumentaría de forma automática los salarios de los funcionarios públicos, incluidos senadores y magistrados, debido a la estructura del salario integral.
- ¿Qué es el salario integral y cómo está relacionado con el salario mínimo?
- El salario integral es el equivalente a 13 salarios mínimos mensuales, y cualquier incremento en el salario mínimo se traslada automáticamente a los trabajadores con salarios superiores, como ejecutivos y funcionarios.
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