La reforma tributaria, más allá de su importancia fiscal y pretensiones sociales, es una especie de evaluación que el país rinde ante sus “profesores” económicos más exigentes: las calificadoras de riesgo. Se trata de Fitch Ratings, Moody’s y S&P Global Ratings, tres firmas que están atentas a cualquier movimiento que haga Colombia.
Su principal función es dar una opinión sobre la capacidad de pago y riesgo crediticio que representan países y empresas y con base en eso los agentes del mercado deciden si prestan plata con intereses más o menos altos. Así las cosas, las calificadoras empezaron a evaluar la reforma tributaria de Gustavo Petro, que sin haberse debatido les genera algunas inquietudes.
Primero hay que hablar de Fitch, que si se quiere es una de las más “duras”. Hoy esa agencia tiene a Colombia sin grado de inversión en tanto le bajó la calificación crediticia el año pasado, debido a los problemas de caja que se agravaron tras el gasto social que implicó la pandemia (ver Infografía).
Para Fitch, la tributaria representaría un reto para el sector empresarial debido a los ajustes en impuestos que plantea y además podría reducir el consumo de los hogares teniendo en cuenta los cambios en los gravámenes a personas naturales.
Es que en el caso de las compañías se eliminarán varias exenciones, la tarifa de dividendos aumentará para socios nacionales e internacionales y adicionalmente la tasa de renta se mantendrá en 35%. En consideración del sector privado no solo se afectaría el principio de no generar doble tributación sino que al final los impuestos conjuntos podrían superar tasas del 60% en algunos casos.
Ahora, en cuanto a las firmas de hidrocarburos la visión la explicó Natalia Obyrne, directora senior de Fitch Ratings Colombia. “Desde que estaba en campaña el presidente Petro planteó su intención de acelerar la transición energética mediante la suspensión de nuevos contratos de exploración y la prohibición del fracking. Si bien hay varios contratos de exploración vigentes y no vemos que haya riesgos a la seguridad jurídica, el limitar la actividad exploratoria sí puede tener impactos sobre la capacidad para emplear o incluso mantener la vida de las reservas”.
Obryne recordó que con la tributaria se plantea un impuesto del 10% a las exportaciones petroleras cuando haya precios internacionales altos y dijo que esto “puede incidir en el retorno de la inversión” que reciben las empresas de ese sector estratégico para Colombia.
Fitch también monitorea los impuestos a bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y a los plásticos de un solo uso, sobre los cuales prevé un impacto “negativo a neutral” en el sector de alimentos y bebidas. Según la firma, en el caso de las marcas de gaseosas o jugos ya ha habido avances en la incorporación de productos con menos azúcar, en línea con las tendencias del mercado.
Moody’s empieza a moverse
A su turno, la calificadora Moody’s, que se podría describir como la más “paciente”, por lo menos con Colombia, no solo ha hecho su análisis sobre la reforma tributaria sino que algunos puntos del proyecto la llevaron a tomar decisiones.
La semana anterior afirmó la nota crediticia y la perspectiva de Ecopetrol, pero le bajó la evaluación de riesgo crediticio. Esto último, dicho por analistas del mercado, es un campanazo para la principal empresa estatal porque quiere decir que Moody’s lanzó una opinión sobre la probabilidad de que requiera apoyo extraordinario para evitar el incumplimiento de una o más obligaciones de deuda.
Si bien la agencia basa su decisión principalmente en el tiempo prolongado que Ecopetrol se ha tomado para refinanciar cerca de US$5.100 millones en deuda con vencimiento en septiembre de 2023, también menciona las “prioridades energéticas” del nuevo Gobierno, dentro de las cuales destaca la propuesta para gravar las exportaciones petroleras en la tributaria.
Frente al proyecto fiscal en sí, lo que más expectante tiene a Moody’s es el inicio de los debates entendiendo que un principio se creía que Petro no lograría mayorías en el Congreso, pero ahora parece todo lo contrario.
Renzo Merino, analista de Moody’s para Colombia, dijo que se evaluará si este es el proyecto tributario estructural que requiere Colombia hace tiempo e insistió en que la inversión es vital para que el país pueda crecer a un ritmo saludable –por arriba de 3,5%–, y de ahí la importancia de esta reforma, que será determinante para que sigan entrando o no recursos.
Vale decir que Moody’s es la única de las tres calificadoras más importantes que mantiene al país en grado de inversión, aun cuando el gasto social por la pandemia fue considerable y llevó el déficit fiscal a niveles poco saludables (7,8% del PIB en 2020).
Una “cambiatón”
A solo días de que la reforma empiece a discutirse en el Congreso, parece que la perspectiva de las calificadoras y los reclamos del sector privado empezaron a hacer eco; el Gobierno cederá en buena parte de las medidas consignadas en los 69 artículos de su iniciativa, y de hecho ayer hubo agenda con los gremios al respecto (ver Módulos).
Se sabe que en la lista de alimentos ultraprocesados que se pretenden gravar habrá un recorte; en el impuesto a los dividendos se cambiará la propuesta de gravarlos con tarifas marginales de hasta 39%; mientras que se eliminarán los artículos relacionados con tributos para las exportaciones extraordinarias de oro, subir el impuesto a la gasolina en las zonas de frontera y quitarle los incentivos a la industria cinematográfica.
También se tocaría el apartado que exige un tope mínimo de exportaciones a las zonas francas, mientras que se debate la entrada de impuestos territoriales y a las iglesias al articulado.
Pese a este debate, Mauricio Santa María, presidente de Anif, valoró que el nuevo gobierno haya visto la prioridad de hacer una reforma tributaria porque “manda una buena señal de responsabilidad fiscal. El déficit fiscal y las necesidades sociales crecientes de gasto requieren de un ajuste de recaudo”.
Eso sí, el líder de Anif consideró que la tributación para las exportaciones de hidrocarburos y minería en general es excesiva y “la inclusión en la cédula única de dividendos y ganancias ocasionales puede generar temas de doble tributación, lo que desincentivaría la inversión y generarían mayor evasión”.
¿Cambia la nota?
La expectativa está puesta ahora en cómo quedará el texto de la tributaria que irá a debate, cuál será su nivel de aceptación en el Congreso y cómo se moverán las calificadoras al respecto.
Usualmente el retorno del grado de inversión toma varios años, y que lo diga Colombia, pues entre 1999 y 2000 las tres calificadoras le quitaron esta condición y no fue solo hasta 2011 que la recuperó, para luego perderla en 2021 con Fitch y S&P Global Ratings.
Valga decir que esta última firma todavía no se ha pronunciado a fondo sobre la tributaria, pero en sus apuntes respecto a Colombia ha previsto que el ajuste fiscal resultará más prolongado y gradual de lo que se esperaba, dificultando que se revierta el deterioro de las finanzas públicas.
Para el Gobierno este asunto es de la mayor importancia y por eso se tiene previsto que a mediados de septiembre el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, viaje a Estados Unidos a reunirse con inversionistas y calificadoras. El objetivo es exponer la política económica de Petro y tantear qué tan viable es recuperar el grado de inversión
