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Durante un panel en Cartagena le preguntan a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, y a Mauricio Santa María, líder de Anif, si tienen claro en qué va a gastarse el Gobierno la plata de la tributaria: ambos responden negativamente. La duda no solo es de los dos, la comparten empresarios, expertos y hasta congresistas.
Es que los $25 o hasta $50 billones que se quieren recaudar no son poca cosa y a un mes de haber radicado el proyecto el Gobierno no da claridad de los fines de ese “platal”. La incertidumbre derivó hasta en un derecho de petición por parte de la oposición.
Quien lo interpuso fue el senador del Centro Democrático, Enrique Cabrales. Entre otras consultas pidió que se especificara la destinación de los recursos que se percibirán por la tributaria y el Minhacienda respondió que se está discutiendo el Presupuesto 2023 en el Congreso “de tal forma que los recursos se puedan alinear con las necesidades de gasto identificadas de forma democrática”.
Evidentemente la respuesta acrecentó las dudas y quien más se pregunta qué pasará es el sector privado, entendiendo que va a ser el responsable de buena parte de la reforma. Cálculos de la Andi sugieren que hasta $16 billones del recaudo del proyecto provendrían del empresariado.
“Que nos digan claramente ‘vamos a bajar déficit’ (...) pero es que no lo sabemos, además el Presupuesto no está aprobado y ya dijeron que van a pedir $10 billones más. La situación es bastante incierta”, dijo el presidente de Anif.
Mejía, de Fedesarrollo, consideró que no solo causa incertidumbre el silencio del Gobierno sino también algunas cuentas como los $7 billones que la tributaria espera obtener por impuestos a las exportaciones a buen precio de petróleo, oro y carbón, que son una especulación entendiendo que el valor de esos commodities tiene ciclos al alza y a la baja.
“Si el Gobierno decide aumentar el gasto en $25 billones, que es el monto de esta reforma, con ingresos que no son permanentes, porque $7 billones son impuestos a unos precios altos, vamos a estar en un déficit fiscal peor. Entonces es importante que diga de manera clara de esos $25 billones cuánto se va a utilizar para aumentar el gasto”, complementó Mejía.
Mientras las dudas crecen entre expertos y sector privado, el Gobierno sigue tratando de “conquistar” bancadas para el debate y votación de su tributaria. Ayer, por ejemplo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se reunió con miembros del Centro Democrático.
A la par que esto sucedía, la Ocde dio un espaldarazo a la reforma con el cual el Gobierno “sacó pecho”. En un informe la organización dijo coincidir con la necesidad de la tributaria para la sostenibilidad fiscal, mejorar la progresividad y eficiencia del sistema impositivo y aumentarle los impuestos a bienes poco saludables.
“Me siento muy optimista de que estemos dando un paso en esa dirección, ya que la Ocde respalda aspectos como la progresividad y la eliminación de muchos beneficios con énfasis especial en personas naturales de altos ingresos”, aseguró el ministro Ocampo.
El jefe de Hacienda valoró que con las decisiones de los partidos de la U, Conservador y Liberal de ser afines al Gobierno la coalición que hay para la reforma tributaria “es amplia” y el Ejecutivo está de acuerdo en hacer ajustes en dividendos, por ejemplo.
Se espera que a inicio de la otra semana haya anuncios importantes sobre el texto de la reforma que irá a debate; el proyecto tiene mensaje de urgencia y las críticas sobre sus fines se mantienen, máxime cuando sería aprobado antes que el Presupuesto 2023 y el Plan Nacional de Desarrollo, un hecho poco común
En mis bolsillos hay una grabadora y unos audífonos; en mi mente, amor por el periodismo.