En medio de la discusión sobre el Presupuesto General de 2026 , el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sugirió a las comisiones económicas del Congreso ajustar el monto propuesto para agilizar su aprobación y evitar que se repita la situación del año pasado, cuando el Congreso rechazó —por primera vez desde 1991— el presupuesto, obligando al Gobierno a presentar un ajuste de emergencia.
La propuesta de Ávila es reducir el monto original del Presupuesto General de $550 billones a $546,9 billones.Y, como consecuencia,la meta de recaudo de la tributaria pasaría de $26,3 a $16,3 billones, recortando así $10 billones.
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“Esperamos llegar a un acuerdo con el congreso, con el propósito de que el Presupuesto sea resultado de la dinámica de ejecución de este proyecto con el Congreso”, señaló el ministro.
Ávila indicó que el Gobierno está dispuesto a ajustar el IVA sobre la gasolina y el diésel, así como los impuestos a los juegos de azar y bebidas alcohólicas, incluyendo la cerveza como ejemplo.
Sobre esto, el funcionario indicó que el “esfuerzo tributario debe ser progresivo, por lo que consideran”mantener las propuestas en materia de renta y patrimonio, que garantizan un alto nivel de progresividad”.
El jueves, además, hubo polémica en el Legislativo, luego de que se deshiciera el quórum cuando se votaba una propuesta para recortarle $26,3 billones al presupuesto de 2026, lo que la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano , demostró como un “saboteo” para impedir la discusión y que el proyecto llegue a aprobarse por decreto.
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MinHacienda defiende sostenibilidad fiscal y justifica suspensión de la regla durante tres años
En el entre tanto, el ministro Ávila también aclaró que la ley de financiamiento no se plantea para una coyuntura específica, sino para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.
Destacó que un recorte presupuestal habría sido regresivo y podría haber paralizado la operatividad del Estado. Por esta razón, se decidió suspender la regla fiscal durante tres años.
Durante la discusión, explicó que, de los $66 billones destinados a gastos de funcionamiento en personal, solo $14 billones corresponden al Ejecutivo.
En cuanto a las transferencias, que representan el 75% de estos gastos, precisó que no son recursos discrecionales, sino obligaciones que el Estado debe cumplir.
Congreso advierte desfinanciamiento del Presupuesto 2026 y rechaza ajustes propuestos por el Gobierno
Pero la propuesta del MinHacienda sigue enfrentando oposición en el Congreso. Varios legisladores consideraron insuficiente el recorte de $10 billones y no se mostraron convencidos.
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Cambio Radical, por ejemplo, anunció que no respaldará el proyecto de Presupuesto 2026 tal como fue presentado.
“El presidente Petro propone una reducción de $10 billones en la reforma tributaria, pero el desfinanciamiento real del presupuesto supera los $26 billones. Esta medida no soluciona el problema de fondo: el presupuesto sigue siendo inviable, basado en supuestos poco confiables y sin un respaldo fiscal sólido”, afirmaron.
Por ello, señalaron que “no apoyaremos un presupuesto que incrementa el gasto de funcionamiento en más del 11%, mientras se busca cubrir el déficit con una reforma tributaria improvisada. El país no necesita más impuestos ni promesas incumplidas”.
Por su parte, Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático y ponente del plan presupuestal, anunció una proposición para reducir en $26 billones el monto del Presupuesto 2026, cifra equivalente a la meta de recaudo de la reforma tributaria del Gobierno.
Según Ramírez, “no es posible que este país proyecte $200 billones más en el Presupuesto General de la Nación nominal, y esté más endeudado que durante la pandemia; eso no refleja un buen manejo fiscal”.
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Otra voz crítica fue el senador Efraín Cepeda, quien sostuvo que “hasta el 31 de julio de 2024, el Gobierno dejó de ejecutar $80 billones, y casi $70 billones adicionales después. Si no ejecutan esos recursos, ¿para qué quieren una reforma tributaria de $26 billones?”.
Entre tanto, el senador Richard Fuelantala, representante del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), hizo un llamado al Gobierno a ser más eficiente en el gasto: “Muchos de esos recursos se están yendo para contratación en OPS, en los últimos tres años fueron 328.526 contratos que comprometieron $15 billones”.
Impuestos al alcohol y cigarrillos: $7,8 billones que afectarían a departamentos
Si bien el Gobierno abrió la posibilidad de ajustar los impuestos sobre bebidas alcohólicas y cigarrillos, aún no se conoce una propuesta oficial. Mientras tanto, se mantiene la meta de recaudo: solo este rubro aportaría $7,8 billones en 2026 y podría llegar a $10 billones en 2030.
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El problema, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es que actualmente esos impuestos corresponden a los ingresos de los departamentos y del Distrito Capital.
En 2024, los impuestos al consumo de alcohol y tabaco fueron la principal fuente tributaria de los departamentos: aportaron $5,4 billones, equivalentes al 43% de sus ingresos propios. En Bogotá sumaron $700.000 millones, lo que elevó el total nacional a $6,1 billones. Según el Observatorio, la reforma tributaria, entonces, implicaría más que duplicar este recaudo.
El punto es que estos recursos son clave para financiar la salud, la educación y el deporte en los departamentos. En regiones con baja capacidad fiscal, como Chocó, Vichada o La Guajira, constituyen un pilar del presupuesto.
Por esto, para el Observatorio, que el Gobierno los presente como ingresos nacionales no solo desconoce la dependencia territorial, sino que también genera tensiones con las autoridades regionales.
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