El presidente de Argentina, Javier Milei, ha puesto en marcha la que puede convertirse en la mayor transformación de la relación entre empresa y trabajador en la historia reciente de ese país sudamericano.
La reforma laboral, ya aprobada por el Senado y pendiente de debate en la Cámara de Diputados entre el 26 y el 28 de febrero, abrió un escenario de confrontación social que podría desembocar en una huelga general de 24 horas.
Las principales centrales sindicales denuncian que el proyecto implica un recorte de derechos y una precarización del empleo. La Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato más influyente del país, rechaza la narrativa oficial de modernización y sostiene que “no es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores”.
Su dirigencia advierte que “están dadas las condiciones” para una huelga nacional, aunque enfrenta tensiones internas entre sectores dialoguistas y bases que exigen mayor contundencia.
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Reforma laboral en Argentina: despidos más baratos y menos protección jurídica
El núcleo del conflicto está en los cambios al régimen de indemnizaciones. La reforma introduce topes más bajos, excluye parte de la remuneración habitual del cálculo y habilita el pago fraccionado.
Además, la aceptación de la indemnización cierra la puerta a futuras reclamaciones por el despido.
Para los sindicatos, esto debilita el efecto disuasorio del despido improcedente y favorece una mayor rotación laboral. Desde el Gobierno, en cambio, se insiste en que es necesario “terminar con la industria del juicio”, una expresión usada para señalar supuestos abusos en demandas laborales.
Se redujo la base de cálculo de indemnizaciones y se creó un fondo de asistencia laboral para que las empresas puedan afrontar despidos.
Abogados laboralistas como Juan Manuel Ottaviano sostienen que el proyecto “supone una flexibilización de derechos y condiciones de trabajo, abaratando costos laborales y debilitando a los sindicatos”.
León Paisek, asesor sindical, para 20 Minutos, niega que exista una industria del juicio, asegura que apenas el 1,5% de la población laboral inicia demandas y que los litigios responden a incumplimientos patronales.
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Jornadas de hasta 12 horas y banco de horas: el nuevo esquema laboral de Milei
La reforma permite ampliar la jornada diaria de 8 a 12 horas mediante un sistema de “banco de horas”.
La semana seguirá siendo de 48 horas, pero podrá concentrarse en jornadas intensivas sin que las horas adicionales se paguen como extra si se compensan dentro del esquema acordado.
También se habilita una distribución flexible del tiempo de trabajo y el fraccionamiento de vacaciones según necesidades productivas.
Aunque formalmente se mantienen límites legales, sindicatos y organizaciones sociales advierten que el modelo aumenta la disponibilidad del trabajador, reduce la previsibilidad del horario y afecta la conciliación familiar y la salud laboral.
Ottaviano cuestiona que la norma plantee una supuesta “libre disponibilidad” entre partes que, en la práctica, no negocian en igualdad de condiciones.
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Convenios colectivos, derecho a huelga y sindicatos: el corazón político del conflicto
La reforma prioriza el convenio de empresa sobre el sectorial, limita la ultraactividad, es decir, la vigencia de convenios vencidos, y exige autorización del empleador para realizar asambleas.
Además, amplía a más del 40% de las actividades económicas la categoría de “esenciales”, con restricciones al derecho a huelga.
Según Ottaviano, esto implica una “desarticulación de las instituciones de la democracia para resolver conflictos sociales”, porque en Argentina la negociación colectiva suele activarse a partir del conflicto.
La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) advierte que facilitar el despido y debilitar el empleo formal puede aumentar la informalidad, reducir el consumo en sectores populares y profundizar la desigualdad.
La reforma también redefine el trabajo en plataformas digitales, los repartidores pasarían a ser considerados autónomos sin relación laboral directa, perdiendo derechos asociados al empleo asalariado como vacaciones, indemnización o protección social.
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Por su parte, el Gobierno defiende que la norma, de más de 200 artículos, busca modernizar el mercado laboral, atraer inversiones y promover empleo formal eliminando trabas legales y económicas para el empresario.
La principal cámara industrial, la UIA, respalda el proyecto con la expectativa de que contribuya a frenar la pérdida de empleo.
Disturbios, detenidos y posible judicialización en Argentina
El debate legislativo no ha sido ajeno a la calle. Durante la movilización frente al Congreso, mayoritariamente pacífica entre el 12 y 13 de febrero, un grupo con cócteles molotov provocó disturbios que dejaron más de 70 detenidos y una docena de heridos.
Pese a ello, ya entrada la noche el proyecto obtuvo media sanción.
El antecedente inmediato es un intento previo del Ejecutivo de avanzar por decreto de necesidad y urgencia, que fue declarado inaplicable por la justicia. Ahora, aunque el escenario parlamentario es más favorable, persiste la amenaza de judicialización.
Ottaviano estima que al menos el 50% de la norma podría ser impugnada por inconstitucional o por violar convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Entre los puntos más controvertidos está la reducción salarial por enfermedad, ya que la nueva ley prevé rebajas del 50% si la incapacidad deriva de actividades ajenas al trabajo y del 25% en casos graves como cáncer, algo que abogados sindicales consideran discriminatorio.
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