El Gobierno oficializó un recorte superior a $4,2 billones al Presupuesto General de la Nación para el cierre de la vigencia 2025 mediante el Decreto 1484 del 31 de diciembre.
Esta decisión se sumó a los $12 billones aplazados desde el inicio del año y que respondió a un faltante de recursos derivado de un recaudo tributario inferior al proyectado y de la no aprobación de la Ley de Financiamiento.
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El propio decreto reconoció las restricciones de caja y advirtió que el Estado no contaba con los recursos suficientes para cubrir todos los compromisos inicialmente previstos, al señalar que “el recaudo efectivo de la vigencia no puede ser inferior al total de los gastos y obligaciones contraídas”.
Lo anterior, en un contexto en el que los ingresos tributarios a noviembre de 2025 no alcanzaron las metas fijadas por el Ministerio de Hacienda.
¿Por qué el Gobierno Petro recortó el presupuesto al cierre del 2025?
El documento, revelado por Blu Radio, explicó que uno de los factores determinantes del ajuste fue la decisión del Congreso de no aprobar el proyecto de Ley de Financiamiento, con el que el Gobierno esperaba obtener cerca de $12 billones adicionales, recursos que finalmente no ingresaron y que obligaron a realizar recortes directos sobre apropiaciones vigentes.
El impacto más significativo se concentró en la inversión social. En el sector educación, el decreto oficializó una reducción superior a $1,38 billones en el programa de “Calidad y fomento de la educación superior”, afectando la financiación de universidades públicas y los planes de fortalecimiento institucional previstos para 2025.
La Presidencia de la República también registró una disminución de más de $122.000 millones, con ajustes que impactaron partidas destinadas al Fondo Colombia en Paz, programas de derechos humanos y procesos de modernización tecnológica, según quedó consignado en el articulado del decreto.
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Otros sectores que sienten el recorte del presupuesto al cierre del 2025
Entidades del sector transporte y tierras tampoco quedaron al margen del recorte. El Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Tierras vieron reducidas sus partidas de inversión, situación que podría traducirse en retrasos en obras de infraestructura y en la ejecución de programas de reforma agraria.
En el sector salud, el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Invima registraron disminuciones en recursos de funcionamiento y adquisición de bienes, ajustes que se aplicaron como parte del mismo paquete de contención del gasto ordenado por el Ejecutivo.
El decreto ordenó a todas las entidades del Estado realizar de manera inmediata los ajustes contables correspondientes y recordó que el Gobierno nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, puede reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, con lo que cerró una vigencia marcada por la austeridad fiscal y la revisión permanente de las prioridades de gasto.
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