El Gobierno de Abelardo de La Espriella presentó al Congreso un nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,9 billones, una cifra que supera en $59,9 billones la propuesta de $575 billones que había radicado la administración de Gustavo Petro.
Pero detrás de ese aumento hay una dato que generó discusión: más de la mitad del incremento —$31 billones— corresponde, según el Ministerio de Hacienda, a obligaciones y gastos que estaban pendientes de financiación en el proyecto anterior.
Es decir, una parte sustancial del mayor presupuesto no representa nuevos programas o una expansión equivalente del gasto, sino la incorporación de partidas que el Gobierno actual considera que debieron estar contempladas desde el comienzo.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el nuevo proyecto como el “Presupuesto de la verdad”, en contraste con el que recibió de la administración anterior, al que el Gobierno actual cuestiona por estar desfinanciado. “Todo eso que debería haber estado en el presupuesto y no estaba, lo estamos incorporando en este momento y por eso es por lo que el presupuesto sube”, explicó Gómez.
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¿De dónde salen los $59,9 billones adicionales?
El nuevo PGN asciende a $634,9 billones, frente a los $575 billones del proyecto anterior. La diferencia es de $59,9 billones.
De ese aumento, $31 billones corresponden a ajustes pendientes, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. La cifra equivale a cerca de 52% del incremento total.
Entre los principales faltantes identificados aparecen $8 billones para pensiones, $5,8 billones para subsidios eléctricos, $4 billones para salud y $3,6 billones en contribuciones fiscales para la nómina de los servidores públicos. A esto se suman $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
También, según Hacienda, el proyecto anterior no contemplaba recursos suficientes para las elecciones regionales.
El comunicado oficial del Ministerio presenta el ajuste desde otra perspectiva y enumera las partidas que ahora sí quedan financiadas: $6,5 billones para pensiones, $2 billones para el sistema de salud, $4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, $0,7 billones para universidades públicas y $9,6 billones para el FEPC.
La diferencia entre ambos listados responde a que el Gobierno está mostrando los faltantes y las apropiaciones desde distintos cortes del ejercicio presupuestal. En ambos casos, el argumento es que una parte importante del incremento se explica por obligaciones que no estaban plenamente incorporadas en la propuesta anterior.
El segundo componente determinante del nuevo presupuesto es el servicio de la deuda. Para 2027, el Gobierno propone destinar $155,4 billones al servicio de la deuda, frente a los $100,4 billones aprobados para 2026. El incremento es de $55,4 billones. Dentro de ese monto, los intereses pasarían de $68,7 billones en 2026 a $94,4 billones en 2027.
El Ministerio de Hacienda, además, señala que frente al proyecto de $575 billones presentado por el Gobierno Petro, el servicio de la deuda aumenta en $37,4 billones. La cartera atribuye este incremento a los vencimientos de deuda de corto plazo acumulados durante la administración anterior y a las mayores tasas asociadas a esas obligaciones.
“Es un monto derivado de la estrategia irresponsable de endeudamiento del gobierno pasado, que acumuló vencimientos de deuda de corto plazo, cuyas tasas fueron más elevadas”, sostuvo el Ministerio de Hacienda.
El economista Diego Montañez Herrera llamó la atención sobre el peso que tendrán los intereses en las cuentas públicas. “Solo los intereses de la deuda serían $94,4 billones”, señaló, al advertir que ese monto supera en $7,5 billones todo el presupuesto de inversión y absorbería “casi 1 de cada 3 pesos del recaudo tributario proyectado” para Colombia.
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A su vez, José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, calificpo el monto del presupuesto como “una sorpresa”, pero le dio la bienvenida al ejercicio de sincerar las cuentas.
“Sorprende cómo el Gobierno anterior fue capaz de maquillar tanto las cifras fiscales, solo en servicio de la deuda escondió 37 billones de pesos (tanto como lo que se necesita para la reconstrucción del terremoto). Un país no puede permitirse —ni permitirle a un Gobierno— ese grado de irresponsabilidad presupuestal”.
Hacienda dice que también recortará gasto
El Ministerio de Hacienda calcula un esfuerzo de $17,5 billones, producto de recortes de $2,8 billones en compras de bienes y servicios, $2,5 billones en inversión considerada no prioritaria y más de $12 billones en unas 250 líneas de gasto.
Gómez aseguró que los gastos de burocracia se ajustarán por inflación y pidió al Congreso respaldar el proyecto. “Además de asignar los recursos para estas obligaciones, el Presupuesto contempla medidas de austeridad”, afirmó el ministro, quien añadió que espera que el Legislativo apoye la iniciativa para “recuperar la confianza en la economía”.
Hacienda también sostiene que el déficit fiscal de 2026, excluyendo los intereses, no será de 2,1% del PIB, como había anunciado el Gobierno Petro, sino de 4,4% del PIB. La administración de De La Espriella tiene como meta llevarlo a 3,3% del PIB mediante un decreto de recorte y aplazamiento del gasto.
Para los años siguientes, el Gobierno plantea reducir gradualmente el desbalance. La meta es que en 2027 llegue a 2,3% del PIB, con el objetivo de contener el crecimiento de la deuda y recuperar su sostenibilidad.
El Gobierno prepara una “Ley de rescate económico”
El ministro Gómez anunció que en las próximas semanas será radicada una reforma tributaria que el Gobierno denomina “Ley de rescate económico” o “ley rescate”. Su propósito, según Hacienda, será contener el crecimiento del gasto público, enfrentar el aumento de la deuda y reducir gradualmente el déficit fiscal.
“Las finanzas públicas son las finanzas de todos, cada peso adicional de deuda que dejó el gobierno anterior tendrá que ser asumido por los colombianos de hoy y por las generaciones”, afirmó Gómez.
El Ministerio precisó que esta iniciativa será una “Ley fiscal” o “Ley de rescate económico”, orientada a disminuir el desbalance fiscal tanto al cierre de 2026 como en los años siguientes y a hacer sostenible la deuda pública.
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El Ministerio de Hacienda califica el presupuesto anterior (el de Petro) como un proyecto desfinanciado y sostiene que el actual corrige partidas omitidas o mal calculadas.
Gómez insistió en que ambos documentos no pueden compararse directamente. “Es como comparar peras con manzanas”, afirmó el ministro, al explicar que la propuesta anterior tenía partidas importantes que estaban mal calculadas o que simplemente no habían sido incluidas.
El exdirector de la Dian Lisandro Junco, por su parte, señaló que el nuevo presupuesto no se explica únicamente por el terremoto de 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026. En su análisis, también pesan el mayor costo de la deuda, las necesidades de atención y reconstrucción y el efecto del fenómeno de El Niño.
“Hay una realidad fiscal más profunda: el costo de la deuda sube por las tasas de los TES emitidos”, sostuvo Junco, quien planteó que será necesario esperar la reforma fiscal para conocer la dimensión de las nuevas necesidades de recaudo.
Desde el Congreso, el representante Simón Molina respaldó la propuesta y aseguró que corrige los problemas del proyecto recibido.
“El presupuesto que Petro les dejó a Abelardo De La Espriella no era un plan de país: era un disfraz”, afirmó. Según su lectura, el proyecto anterior contenía $30,2 billones de ingresos que calificó como inventados, una tributaria de $21,9 billones que no alcanzaba y un hueco de $8,3 billones. También cuestionó supuestos de inflación y PIB y aseguró que el gasto primario estaba $20,7 billones por encima del Marco Fiscal.
Por su lado, la senadora Norma Hurtado consideró que el presupuesto 2027 revela una realidad fiscal que el país necesita conocer con total transparencia. “Hace bien el MinHacienda en poner sobre la mesa la verdadera dimensión de las cuentas públicas y de las presiones fiscales que deja el gobierno anterior. Los datos muestran un panorama más complejo del que se le presentó a Colombia”.
Sin embargo, Hurtado cuestionó la forma en que el ministro de Hacienda presentó su presupuesto. “Si el propósito es recuperar la senda de sostenibilidad fiscal, preocupa que se proponga un presupuesto de mayor tamaño, financiado en buena medida con más endeudamiento, mientras se reducen recursos en sectores estratégicos que tienen impacto directo en la calidad de vida de los colombianos”.
Remató diciendo que la responsabilidad fiscal no consiste únicamente en cuadrar las cuentas, “también exige definir bien las prioridades”.
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El nuevo PGN también incorpora el contexto extraordinario que enfrenta el país después del terremoto del 10 de agosto.
Junco señaló que el proyecto incluye recursos para atender los estragos provocados por el sismo, pero insistió en que la emergencia no explica por sí sola los $634,9 billones. A las necesidades de reconstrucción se suman las presiones derivadas del endeudamiento y del fenómeno de El Niño.
Las perlas del nuevo presupuesto de Colombia
Henry Amorocho, profesor de Hacienda y Presupuesto Público, llamó la atención sobre el peso que tendrán los intereses de la deuda en el Presupuesto General de la Nación de 2027.
Según explicó, se proyectan $94,4 billones por este concepto, una cifra que supera en $7,5 billones el presupuesto de inversión, que pasó de $89,4 billones en 2026 a $86,9 billones en 2027. “Eso se debe en su mayor parte al problema de las operaciones de manejo de deuda, que subieron terriblemente esos intereses”, afirmó. Añadió que este componente aumentó en una cifra cercana a los $25 billones.
El académico también puso el foco en el crecimiento del endeudamiento. Al comparar el presupuesto de 2026, de $547 billones, con el de 2027, de $634 billones, señaló que el aumento del gasto es de alrededor de $89 billones, mientras que la utilización de crédito interno y externo crece en $113,1 billones, equivalente al 5,6% del PIB.
“Eso es grandísimo”, advirtió Amorocho, quien sostuvo que la programación contempla un incremento histórico de la deuda hasta $238,6 billones. No obstante, consideró que el nuevo proyecto representa un sinceramiento de las cuentas frente al presupuesto que había sido devuelto.
Amorocho explicó que buena parte de la diferencia entre ambos presupuestos obedece a partidas que no habían sido incluidas y que, de todas formas, debían pagarse.
Mencionó los subsidios eléctricos, los gastos de salud, la financiación de la nómina de los servidores públicos, el FEPC y las elecciones regionales. A esto sumó recursos que, según dijo, fueron afectados por errores en los supuestos de coherencia macroeconómica, como una inflación que pasó de 6% a 6,6%, un crecimiento económico ajustado de 2,5% a 2,6% y una tasa de cambio reducida de $3.787 a $3.400.
“Esos $30 billones por costos del terremoto y faltantes del presupuesto anterior, más esos $6 billones por malos cálculos de la coherencia macroeconómica, dan los $89 billones más que vale el presupuesto público”.
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