El presidente Gustavo Petro reiteró su intención de implementar inversiones forzosas con el fin de atender la ola invernal que afecta a varios departamentos del país. La medida podría adoptarse mediante decreto en el marco de la emergencia económica para obtener recursos que permitan enfrentar los daños causados por la reciente crisis climática.
A través de su cuenta en X, el mandatario defendió la iniciativa y cuestionó la postura del sistema financiero: “Si los banqueros rechazan la inversión forzosa que ya existe y no quieren pagar impuestos, ¿cómo creen que se va a financiar la emergencia climática? ¿Con los dineros para otras emergencias climáticas como propone el Contralor?”.
Respuesta a exministros y advertencias sobre el sistema financiero
El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo luego de que seis exministros de Hacienda enviaran una carta en la que expresaron su preocupación frente a la posible implementación de nuevas inversiones obligatorias. En la misiva, los exfuncionarios argumentaron que este mecanismo no es adecuado ni para expandir el crédito ni para atender una emergencia económica y advirtieron que podría generar efectos contrarios a los buscados.
También señalaron que los países de la región que aún conservan este tipo de instrumentos suelen tener sistemas financieros más frágiles. Recordaron que en el siglo XXI solo Bolivia y Venezuela establecieron nuevas inversiones forzosas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales.
Por ahora, se conoce que el presidente estaría buscando una nueva reunión con los banqueros para llegar a un acuerdo con la propuesta de las inversiones forzosas.
¿Qué son las inversiones forzosas y cómo funcionarían?
Las inversiones forzosas consisten en obligar a las entidades financieras a destinar parte de sus recursos a otorgar créditos en sectores definidos por el Gobierno, que en este caso serían los afectados por la ola invernal. Aunque la figura existe en Colombia desde el siglo pasado, aún no se conocen los términos específicos bajo los cuales operaría una nueva medida, como tasas de interés, plazos o condiciones financieras.
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Un punto sensible es que los recursos utilizados por los bancos para conceder estos préstamos provienen de los depósitos de los clientes, es decir, del ahorro de las personas. Esto ha generado inquietudes, ya que esos fondos serían orientados bajo directrices gubernamentales.
Sin embargo, analistas han señalado que, en principio, los ahorradores no deberían alarmarse, dado que históricamente el Gobierno ha respaldado este tipo de operaciones, incluso cuando algunos créditos no son pagados por los beneficiarios.
Hay que recordar que no es la primera vez que Petro habla de inversiones forzosas. En agosto de 2024 habló de un proyecto de ley para implementar esa idea, pero finalmente llegó a un acuerdo con el sector bancario para impulsar el Pacto por el Crédito, pero según el mandatario, dicho acuerdo no se cumplió como lo deseaba. Esa es una de las razones por las que volvió a insistir en la inversión forzosa.
¿Qué consecuencias traerían las inversiones forzosas?
Asobancaria, el gremio bancario, advirtió que una nueva inversión forzosa aumentaría la represión financiera en el país. Actualmente, Colombia es el tercer país de la región con mayor nivel de represión financiera, debido a la existencia de la tasa de usura, la inversión forzosa en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), restricciones a costos financieros y límites en el tiempo de permanencia de la información en burós de crédito.
Según el gremio, estas condiciones han limitado la profundización financiera, que hoy se ubica en 44% del PIB, un nivel similar al de hace una década y por debajo del potencial estimado para Colombia, que es del 65%. También han frenado la inclusión crediticia, que alcanza solo al 51% de la población adulta, lejos de referentes internacionales cercanos al 75%.
De acuerdo con sus cálculos, si se establece una nueva inversión forzosa similar a la vigente, por alrededor de 35 billones de pesos, habría menos recursos disponibles para sectores no priorizados. Esto podría traducirse en un aumento generalizado de 49 puntos básicos en las tasas de interés, una reducción de la cartera de crédito de 0,9 puntos porcentuales y una caída del PIB de 0,3 puntos porcentuales.
En ese escenario, la medida terminaría impactando a los ciudadanos a través de un encarecimiento del crédito y no necesariamente garantizaría una mayor financiación para los sectores que el Gobierno busca impulsar.
El debate queda abierto entre la necesidad de recursos para atender la emergencia climática y los posibles efectos macroeconómicos de una mayor intervención en el sistema financiero.
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