La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Estrada, radicó ante el Congreso el proyecto de ley que busca prohibir, en todo el país, la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de petróleo y gas, así como el uso de la técnica conocida como fracking.
“Esta práctica pone en riesgo la vida de las comunidades y la salud de los ecosistemas”, señaló la cartera de Ambiente en un comunicado.
Esta iniciativa representa un paso decisivo para proteger los territorios, especialmente aquellos donde podrían desarrollarse estas actividades que implican fracturar el suelo con agua a alta presión mezclada con químicos, generando impactos ambientales y sociales irreversibles.
Según se indicó, el proyecto de ley contra el fracking, está respaldado por evidencia técnica y científica que advierte sobre los efectos de esta práctica, entre ellos: Contaminación del agua, aire y suelos, con riesgos para la salud de las personas; consumo excesivo de agua: un solo pozo puede usar hasta 15 piscinas olímpicas de agua y contaminación de ríos y acuíferos con productos químicos tóxicos.
También se advirtió de la generación de residuos peligrosos, algunos con presencia de materiales radiactivos; afectaciones a la agricultura, la ganadería y la biodiversidad; emisión de gases contaminantes, como el metano, que agravan el cambio climático, entre otros.
“Esta ley nace del mandato ciudadano de cuidar nuestro territorio. Es una respuesta ética a una amenaza que pone en peligro la vida. El fracking no solo contamina, también enferma y destruye. Es por esto que, la Ley Antifracking defiende el derecho a vivir sanamente, a proteger el agua y a respetar la madre tierra. Decir no al fracking es decir sí a una economía que valora la vida y la dignidad de las comunidades”, afirmó la ministra Estrada.
La cartera de Ambiente mencionó casos internacionales que refuerzan sus preocupaciones. En Pensilvania (EE.UU.), se encontró que el agua de pozos caseros cerca de zonas de fracking tenía 17 veces más metano que lo normal. En Nuevo México, un estudio científico reveló, que el ruido constante del fracking afectó los bosques, dificultando el crecimiento de nuevas plantas y cambiando el equilibrio de las especies.
Además, se estima que cada pozo necesita la inyección de grandes cantidades de agua a presión, cerca de 44 millones de litros, cantidad que debe ser utilizada nuevamente cada 3 a 6 años. Esto agrava la presión sobre fuentes hídricas ya vulnerables.
Este proyecto responde a un llamado claro de la ciudadanía, la comunidad científica, organizaciones sociales y autoridades ambientales, que han alertado sobre los impactos negativos del fracking. “Con esta iniciativa, Colombia avanza hacia una transición energética justa y sostenible, que pone en el centro la vida, el agua y el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, se insistió.
La publicación Asuntos Legales del diario La República anotó que este mismo proyecto fue radicado en febrero por la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien enfatizó, en su momento, que era un paso crucial en la reducción de la extracción de petróleo y carbón.
Valora Analitik resaltó que esta es la sexta vez que se presenta una iniciativa de este tipo en el Congreso, y la tercera ocasión en que lo hace con el respaldo del actual Gobierno.
“Desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, en 2022, el ejecutivo ha impulsado dos propuestas legislativas para frenar esta técnica extractiva. La más reciente fue archivada tras no ser debatida en plenaria, a pesar de que se le había asignado mensaje de urgencia a comienzos de este año”, resaltó ese medio.