La reconocida marca de ropa interior Lili Pink, operada por la empresa Fast Moda S.A.S., emitió un pronunciamiento oficial este 5 de mayo de 2026 para hacer frente a las graves acusaciones que la vinculan con delitos financieros.
Tras el despliegue de un megaoperativo por parte del CTI de la Fiscalía el pasado 27 de abril, que abarcó más de 405 establecimientos comerciales en 59 municipios del país, la compañía enfatizó que no existe ninguna decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna sobre los hechos investigados.
“La compañía se encuentra vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna”, dice la compañía en un comunicado
La controversia escaló luego de que las autoridades detallaran un presunto esquema de enriquecimiento ilícito de particulares que superaría los 430.000 millones de pesos, sumado a un posible lavado de activos estimado en 730.000 millones de pesos mediante la comercialización de productos textiles.
Ante este panorama, la defensa de la marca aclaró que los procesos se encuentran en una etapa preliminar de indagación y de extinción de dominio, por lo que las cifras y señalamientos difundidos no constituyen conclusiones definitivas.
“Los hechos mencionados corresponden a una controversia jurídica en curso y no a conclusiones definitivas”, afirma el abogado Iván Cancino en el comunicado.
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La defensa técnica frente a los aranceles e importaciones
En el núcleo de la investigación se encuentra el uso del sistema de monitoreo conocido como “el Ojo de la Dian”, mediante el cual se habrían detectado accesos inusuales a bases de datos y consultas de información ajenas a las labores habituales de los funcionarios.
No obstante, Lili Pink explicó que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente y sostuvo con firmeza que toda su mercancía cuenta con las declaraciones de importación y los pagos de aranceles debidamente soportados conforme a la ley colombiana.
El abogado penalista Iván Cancino, apoderado de la compañía, reiteró que la presunción de inocencia de sus clientes permanece incólume.
El jurista advirtió sobre la existencia de inconsistencias significativas entre los valores reales de las actuaciones administrativas y las cifras que han circulado en la opinión pública.
Según Cancino, la empresa está compareciendo activamente ante las autoridades y ejerciendo su derecho a la defensa para demostrar que su operación comercial se ajusta a los marcos legales vigentes.
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Estabilidad laboral y trayectoria en el mercado nacional
Más allá de la disputa jurídica, la Dirección Ejecutiva de Fast Moda S.A.S. hizo un llamado a proteger una marca que cuenta con más de 20 años de trayectoria y que se ha consolidado como un referente en el sector textil nacional.
La empresa subrayó que actualmente genera más de 3.000 empleos directos y que su presencia no se limita a Colombia, sino que se extiende a diversos países de Latinoamérica bajo un modelo de operación legal y transparente que garantiza el sustento de miles de familias.
En sus primeras reacciones tras la redada que resultó en la incautación de 40 inmuebles y varios vehículos, la compañía manifestó estar gestionando el proceso de manera responsable ante las entidades regulatorias.
El equipo legal insistió en que es fundamental “evitar interpretaciones anticipadas que sustituyan la labor de los jueces”.
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El abogado Cancino reiteró que se debe “respetar la presunción de inocencia y el debido proceso” para “evitar que interpretaciones anticipadas sustituyan las decisiones judiciales” que corresponden al caso.
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