No para la polémica luego de conocerse que el Grupo Aval y Corficolombiana, empresas del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, lograron liberarse de los procesos que le seguían las autoridades de Estados Unidos por los sobornos de Odebrecht para que les asignaran el contrato de la Ruta del Sol 2, pagando multas que sumadas superan los 80 millones de dólares.
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En un comunicado, el condenado José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, rechazó el acuerdo, pues según aseguró, este limita su derecho a la defensa en Colombia.
“Rechazo de manera categórica, por contrarias a la verdad, las conclusiones a las que pudiera llegarse en materia de la violación de normas legales de los EE. UU., si dichas conclusiones se basan en la conducta de José Elías Melo Acosta como presidente de Corficolombiana”, dice la misiva del exejecutivo, quien fue condenado por delitos de cohecho e interés indebido en celebración de contratos.
Dijo Melo que como presidente de Corficolombiana nunca conoció o aprobó “ningún acuerdo de soborno que hayan convenido ejecutivos de Odebrecht con funcionarios públicos colombianos para la aprobación de la adición del proyecto Ocaña Gamarra dentro del contrato de concesión de la Ruta del Sol Tramo II y tampoco participé de ninguna manera en la ejecución de dichos acuerdos ilegales o facilitado mediante mi influencia su ocultamiento”.
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Según él, está demostrado que hubo personas diferentes a él vinculadas con Grupo Aval y Corficolombiana que tuvieron conocimiento, responsabilidad y autonomía de gestión, de manera directa e independiente, respecto de las decisiones financieras, operativas y contables tanto de la Concesionaria Ruta del Sol II como del consorcio constructor Consol.
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“Repruebo de manera tajante que se hayan adelantado los acuerdos con las autoridades americanas mediante un procedimiento sin mi participación, la cual evidentemente habría resultado clave en la valoración probatoria y, por supuesto, en las conclusiones”, afirmó Melo en la misiva.
Por último, puso de presente que los acuerdo alcanzados por Grupo Aval o Corficolombiana implican decisiones que, “sin ser fallos judiciales, adoptan esa apariencia, con lo cual afectan gravemente mi derecho de defensa dentro de los procesos que todavía se encuentran en curso en Colombia”.
