En una misiva, la compañía Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) confirmó que Jorge Andrés Carrillo Cardoso ejerce como presidente de la empresa desde el 2 de septiembre de 2024, pero cono como representante legal. La notificación fue enviada al Consejo de Estado por Camilo Zea, miembro de la junta directiva.
Zea aclaró que Carrillo Cardoso está desempeñando todas sus funciones como presidente, excepto la de representante legal ante terceros. Esto se debe a que el registro correspondiente en la Cámara de Comercio de Medellín por Antioquia está actualmente suspendido.
Cabe recordar que Carrillo, designado en agosto de 2024 en medio de un proceso que algunos consideran plagado de irregularidades, enfrenta una situación compleja: aunque ocupa el puesto de presidente, su capacidad para actuar como representante legal está en pausa debido a recursos presentados ante la Cámara de Comercio de Medellín y actualmente en trámite ante la Superintendencia de Sociedades.
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“ISA está pagando un salario millonario a un presidente que, en la práctica, no puede ejercer plenamente sus funciones”, señaló Alejandro De Bedout, concejal de Medellín por el movimiento Creemos.
Este vacío en las funciones representa un reto no solo operativo, sino también reputacional para la empresa. “Jorge Andrés Carrillo, quien, se ha convertido en el “presidente de papel” de ISA. Hoy, tras la actualización del proceso, se confirma, paso a paso, lo que hemos advertido desde el inicio: este nombramiento, plagado de irregularidades, no solo atenta contra la transparencia, sino que también pone en jaque el buen manejo de los recursos”, agregó el concejal.
Detalles del documento que confirma que Jorge Andrés Carrillo ejerce como presidente de ISA
El proceso, documentado en el Consejo de Estado, expone cómo desde su elección se plantearon condicionamientos para la designación de Carrillo. No obstante, la suspensión de su representación ante terceros ha desatado dudas sobre el manejo interno de la compañía y los intereses que podrían estar primando sobre los de los accionistas.
“La designación del señor Carrillo quedó condicionada a la verificación de requisitos, como la fijación de la asignación salarial y el diligenciamiento del formulario de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés”, agregó Zea en la carta presentada al Consejo de Estado.
En el documento también se lee que el 6 de diciembre de 2024, un accionista de ISA presentó un recurso de reposición, y en subsidio de apelación, ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en contra del acto administrativo de registro del 29 de noviembre de 2024.
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Pero, el 10 de enero de 2025, la Cámara de Comercio resolvió no acceder a la reposición del acto administrativo de registro del 29 de noviembre de 2024. Resuelto el recurso de reposición, le corresponde ahora a la Superintendencia de Sociedades tramitar en el efecto suspensivo el recurso de apelación.
“Para efectos legales las funciones de representación ante terceros, a cargo del presidente, se encuentran suspendidas según lo indicado en los numerales 13 y 14”, reiteró Zea.
El concejal De Bedout concluyó que este informe, presentado al Consejo de Estado, no hace más que ratificar lo que ya se vislumbraba: un proceso lleno de irregularidades. “La situación es clara, y el mensaje aún más: los intereses personales y políticos en ISA parecen haberse impuesto sobre el bien común de sus accionistas”.
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Más de la polémica
Esta redacción también conoció que Julio César Yepes Restrepo, accionista minoritario de ISA, presentó un memorial ante la Cámara de Comercio de Medellín argumentando que se ha vulnerado el debido proceso en el registro del nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de la compañía.
Según Yepes, la Cámara de Comercio no decretó las pruebas solicitadas en el recurso de reposición, lo que lo llevó a apelar la decisión.
“La Cámara debe enviar el caso a la Superintendencia de Sociedades, que tendrá la responsabilidad de resolver la apelación. Entre tanto, el registro del representante legal sigue suspendido”, enfatizó Yepes.
Además, destacó que en su memorial se citan conceptos de la Superintendencia que reafirman la necesidad de cumplir con los requisitos formales establecidos en el artículo 431 del Código de Comercio, como registrar el número de votos a favor y en contra en las actas de la Junta Directiva.
En este contexto, Yepes cuestionó que “aunque en casos anteriores ISA había cumplido con estos requisitos, en esta ocasión no se respetaron las disposiciones legales ni los reglamentos internos de la Junta Directiva, lo que constituye un vicio formal que invalida el proceso”. La Superintendencia de Sociedades deberá evaluar estas irregularidades y determinar si el acto administrativo puede sostenerse o si será necesario retroceder en el trámite.
