La complejidad regulatoria, los retrasos administrativos y la inestabilidad normativa están elevando los costos para las empresas y frenando proyectos clave en energía, infraestructura y vivienda, según un análisis de Corficolombiana.
La inseguridad jurídica se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la recuperación económica del país.
Así lo advirtieron analistas de Corficolombiana, quienes señalaron que los trámites prolongados, la inestabilidad normativa y la fragmentación institucional están deteriorando la competitividad y dificultando el regreso de la inversión.
De acuerdo con el análisis, Colombia enfrenta una brecha creciente entre su potencial económico y la fortaleza de sus instituciones. La firma asegura que la “portería institucional” del país no está preparada para responder a las necesidades de inversión y crecimiento, lo que se traduce en mayores costos, retrasos y pérdida de oportunidades económicas.
El informe destaca que el entorno institucional colombiano refleja rezagos estructurales frente a otros países. Colombia ocupa el puesto 95 entre 143 economías en el Índice de Estado de Derecho y el lugar 129 en eficiencia administrativa, ambos indicadores por debajo del promedio regional.
A esto se suma que el país aparece como el quinto más complejo del mundo para hacer negocios, una condición que, según Corficolombiana, incrementa las barreras para operar formalmente y desincentiva nuevas inversiones.
La carga administrativa también representa un costo significativo para las empresas. Según las estimaciones citadas en el documento, una compañía en Colombia destina cerca de 5.237 horas al año a cumplir trámites y obligaciones regulatorias, equivalente a más de dos empleados de tiempo completo. En el caso de las microempresas, esa carga puede representar cerca del 20% de su planta laboral.
Además, el país observa la mayor carga de exigencias legales de América Latina, lo que amplifica la presión sobre el sector productivo.
El análisis de Corficolombiana advierte que el entorno regulatorio no solo es complejo, sino cada vez más incierto. Solo en 2025 se emitieron 1.321 normas, un promedio cercano a cuatro diarias.
La cifra representa un incremento de 104% frente al periodo prepandemia y de 85% en comparación con 2022, lo que, según los analistas, dificulta la planeación empresarial y reduce la previsibilidad para los inversionistas.
“La complejidad regulatoria, la volatilidad normativa y la fragmentación institucional se han consolidado como un impuesto invisible que encarece, retrasa y en muchos casos impide la materialización de inversiones que el país necesita”, señala el documento.
Los cuellos de botella regulatorios están impactando especialmente a sectores considerados estratégicos para la economía nacional.
En energía, los proyectos pueden tardar entre dos y siete años en obtener una licencia ambiental. Incluso, algunos retrasos llegan hasta 13 años, según el análisis. Esta situación ha contribuido a una brecha de inversión superior a los 80 billones de pesos entre 2021 y 2025.
En infraestructura, el panorama también refleja demoras. De los siete proyectos viales de quinta generación (5G), únicamente cuatro se encuentran actualmente en etapa de construcción. Corficolombiana calcula que la cartera represada tiene un potencial cercano a 49 billones de pesos.
El sector vivienda también enfrenta un deterioro importante. El programa Mi Casa Ya, que anteriormente beneficiaba a cerca de 60.000 hogares por año, pasó a atender apenas 8.650 hogares en 2025, en medio de cambios regulatorios y decisiones administrativas que afectaron su continuidad.
Frente a este panorama, los analistas sostienen que reforzar la seguridad jurídica es una condición indispensable para reactivar la economía y recuperar la confianza inversionista.
La entidad propone avanzar en al menos cuatro frentes estructurales. El primero es implementar una política efectiva de mejora normativa acompañada de una depuración regulatoria. El segundo consiste en retomar iniciativas de articulación público-privada como el Pacto por el Crecimiento.
El tercer frente apunta a adoptar mecanismos como el silencio administrativo positivo, con el fin de evitar que los proyectos queden represados por falta de decisiones estatales. Finalmente, plantea desarrollar zonas de aceleración regulatoria que permitan agilizar procesos estratégicos.
Estas medidas deberían complementarse, según el informe, con mayor agilidad en las consultas previas, esquemas de licenciamiento proporcionales al riesgo, tramitación paralela de permisos y una ventanilla única digital interoperable.
Corficolombiana concluye que la recuperación económica dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para ofrecer reglas claras, tiempos previsibles y mayor coordinación institucional.
“La inversión no regresa sola. Regresa cuando las reglas son claras, cuando los tiempos son predecibles y cuando el Estado cumple sus compromisos”, señala el análisis.
Para la firma, construir un entorno más confiable y eficiente no requiere necesariamente más regulación, sino normas mejor coordinadas, menos dispersas y con mayor estabilidad jurídica.
Según los analistas, esa será la primera condición para impulsar nuevamente la inversión y mejorar la competitividad del país.
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