Hablar de infraestructura, como lo recordó Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en la instalación del 22 Congreso Nacional de la Infraestructura, es hablar de progreso tangible.
Además, es hablar de carreteras que unen regiones apartadas, de puertos que abren puertas comerciales, de aeropuertos que conectan vidas y de sistemas de transporte que dignifican la movilidad urbana. Es, en suma, uno de los motores más potentes para transformar la economía y fortalecer el tejido social del país.
Y las cifras no mienten. Caicedo precisó que por cada peso invertido en obras civiles, se generan 2,25 pesos en productividad, 2,46 pesos en salarios y 4,9 pesos en impuestos. Además, por cada billón de pesos invertido, nacen 28.400 empleos entre directos, indirectos e inducidos.
Desde el inicio de las concesiones en 1991, los proyectos viales, portuarios y aeroportuarios han generado más de 996.000 empleos directos, de los cuales 34% han sido ocupados por mujeres, destacó el dirigente gremial.
Detrás de cada placa de concreto, insistió Caicedo, hay hogares que encontraron en la infraestructura una oportunidad real de progreso.
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Pagos, vigencias futuras y presupuesto, los avances fiscales clave para la infraestructura en Colombia
De acuerdo con la CCI, la infraestructura no solo aporta empleo, su peso en el PIB pasó de 1,2% en 2005 a 2,1% en 2019, prácticamente doblando su participación en menos de dos décadas.
Esto refleja, según Caicedo, la madurez institucional del sector, que aprendió a planificar, atraer inversión privada y ejecutar con transparencia.
Por su parte, en sostenibilidad, la inversión acumulada supera 1,3 billones de pesos en programas sociales y ambientales, un hito que demuestra que hoy se construye con respeto por el entorno y las comunidades.
Pese a un entorno difícil, como inflación, incertidumbre regulatoria y una tormenta política sin precedentes, el sector logró avances tangibles. Por ejemplo, entre 2024 y 2025, el Gobierno desembolsó 5,2 billones de pesos de los 6,4 billones causados por el diferencial de recaudo de DR8 (la diferencia entre el valor presente del Recaudo de Peaje acumulado hasta el año ocho)
En vigencias futuras en 2024, se pagaron 5,9 billones, incluidos descalces pendientes. Y en el Presupuesto 2026, el sector Transporte contará con 20,52 billones de pesos, un aumento del 18% frente a 2025.
El gremio reiteró, además, el llamado al Ministerio de Hacienda para compensar a las Iniciativas Privadas por el impacto del Decreto 050 de 2023.
Por otra parte, Colombia tiene una ventana histórica para destrabar proyectos de alto impacto que suman más de 34 billones de pesos, entre ellos están el nuevo aeropuerto de Cartagena, El Dorado Max en Bogotá, la ampliación del Alfonso Bonilla Aragón en Cali y la conexión Centro (Manizales–La Paila)
“El llamado es acelerar aprobaciones y superar cuellos de botella regulatorios”, dijo el presidente de la CCI.
Retos críticos en institucionalidad, vías terciarias, inseguridad y restricciones ambientales
Caicedo alertó sobre la “preocupante” rotación en el Ministerio de Transporte, ANI, Invías y Aerocivil. Sin continuidad técnica, dijo, la infraestructura pierde rumbo.
A su vez, alertó que el Plan de Caminos Comunitarios, gran apuesta del Gobierno, “fracasó rotundamente”, ya que solo se contrató 10% del presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo, en medio de irregularidades y falta de ejecución.
Sobre la inseguridad en las vías, entre 2023 y 2025 ocurrieron más de 2.000 bloqueos, que dejaron pérdidas por 10 billones de pesos, además de maquinaria incendiada por grupos armados en zonas como Ruta del Sol III, Troncales del Magdalena, y Popayán–Santander de Quilichao. “La infraestructura también es vida. El Estado debe protegerla”, subrayó Caicedo.
Asimismo, el gremio rechazó la intención del Ministerio de Agricultura de limitar obras en 30 corredores viales bajo figuras como APPA y ZPPA, por el riesgo que implican para la inversión, movilidad y abastecimiento.
En su discurso también llamó la atención sobre la crítica situación que viven las empresas medianas y pequeñas del sector porque siguen ahogadas por falta de anticipos, presupuestos mal estructurados y modalidades de pago inviables.
El gremio pidió revisar factores multiplicadores, costos indirectos y esquemas de financiación, además de frenar el abuso de contratos interadministrativos, que evitan competencia y pliegos tipo.
De manera paralela, Caicedo pidió priorizar recursos para garantizar la navegabilidad del río Magdalena y el dragado permanente del puerto de Buenaventura.
Ambos son “pilares de la competitividad y la integración fluvial y marítima”.
Los ataques desde esferas oficiales y el Gobierno nacional al modelo de participación privada, dijo Caicedo, han lesionado la credibilidad del sector. Y sin confianza no habría sido posible superar, en 30 años, el rezago de un siglo.
“Gracias al destino, pero sobre todo a ustedes, por permitirme presidir este Congreso tantos años”, concluyó su último discurso como presidente del gremio de la infraestructura.
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