El gobierno Petro buscó en 2025 aprobar una ley de financiamiento con la que pretendía recaudar $26,3 billones anuales para cubrir el déficit fiscal y financiar el presupuesto de 2026, lo que equivalía aproximadamente a un monto entre US$6.300 y US$6.500 millones, cerca del 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, el Congreso no aprobó esa iniciativa. Aun así, el panorama tributario para las empresas cambió a través de diferentes decretos, ajustes regulatorios y medidas fiscales que impactaron a varios sectores productivos.
De acuerdo con Andrés Chamás, director de Iberoamericana de Nacionalidades, el efecto económico para el sector empresarial no estuvo sujeto únicamente a la suerte de la reforma tributaria.
“El impacto real para las empresas se explica por una combinación de impuestos directos, eliminación de deducciones, nuevas cargas sectoriales y costos regulatorios. En conjunto, ese efecto podría superar entre $5 billones y $10 billones anuales dependiendo del sector”, señaló.
Chamás agregó que el impacto no solo se reflejó en el pago de impuestos, sino también en los cambios en la estructura de costos y en las decisiones de inversión de las compañías.
Lo que muestran los balances
Un repaso a los informes de resultados de 14 grandes empresas antioqueñas, diferenciando entre lo efectivamente pagado en efectivo (flujo de caja) y el gasto corriente causado (provisión contable), permite dar una idea de lo que estas sociedades destinaron a tributación el año anterior.
Al sumar las cifras (utilizando el dato de flujo de caja cuando está disponible y el de causación corriente en los demás casos), la contribución tributaria del grupo de compañías analizado en 2025 suma $6,83 billones.
En el caso de Grupo Sura se observa una cifra consolidada de pago de impuestos de $1,84 billones (incluyendo sus filiales Suramericana y Protección). En Grupo Nutresa $607.982 millones y Mineros, por su operación en Colombia, aproximadamente pagó $287.227 millones.
Para las empresas en las que los extractos no aíslan el pago en efectivo, se utiliza el impuesto corriente (la obligación generada por la operación del año), así Grupo Cibest (matriz de Bancolombia) reportó $2,88 billones, Grupo Argos $603.374 millones (por impuesto corriente de operaciones continuas) y Almacenes Éxito $525.938 millones.
Presión por decretos tributarios
Entre las medidas adoptadas por el Gobierno estuvo el Decreto 175 de 2025, expedido el 4 de febrero, que planteó un IVA del 19% a los juegos de suerte y azar operados por internet, tanto dentro del país como desde el exterior.
La norma también apuntó a un impuesto especial del 1% sobre los ingresos de hidrocarburos y carbón en la región del Catatumbo, aplicable a la primera venta o exportación, además de establecer un impuesto de timbre del 1% sobre documentos como contratos y escrituras.
Posteriormente, el Decreto 572 de 2025, del 28 de mayo, aumentó las tarifas de retención en la fuente para diferentes sectores, lo que generó efectos en la liquidez empresarial.
Según el tributarista Julio César Leal, esta medida implicaba que las empresas debían anticipar más recursos al fisco. “El aumento de la retención en la fuente reduce la liquidez de las empresas y aumenta los saldos a favor, que solo pueden recuperarse después de presentar la declaración y solicitar la devolución, un proceso que puede tardar más de 50 días”, explicó.
Combustibles y logística
Otras decisiones regulatorias también elevaron los costos operativos del sector productivo. El Decreto 0763 de 2024 eliminó subsidios a la gasolina, mientras que el Decreto 1428 de 2025 hizo lo mismo con el ACPM.
De acuerdo con Leal, estas medidas impactaron especialmente al transporte y a las cadenas logísticas. “La eliminación de subsidios a los combustibles dispara los precios de los fletes y termina aumentando los costos de producción y distribución para muchas empresas”, señaló.
Ajustes fiscales hacia 2026
Uno de los cambios más amplios se intentó con el Decreto Legislativo 1474 de 2025, expedido el 29 de diciembre (pero suspendido provisionalmente por la Corte Constitucional). La norma pretendía establecer un IVA del 19% a bienes sujetos al impuesto al consumo durante 2026, incluyendo licores, vinos y aperitivos.
También intentaba reducir el umbral para cobrar IVA a compras internacionales: las importaciones menores a US$50 pasarían a pagar IVA del 19%, cuando el límite es US$200.
También se apunta a introducir otras medidas relevantes: Impuesto al patrimonio desde 2026 para patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT, con tarifas de hasta 5%, así como fijar 15 puntos adicionales en el impuesto de renta para el sector financiero, que lo elevan a cerca de 50% sobre las utilidades.
A estas medidas se sumaron disposiciones posteriores como el Decreto 0044 de 2026, que crearía una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad de 2025 para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La norma pretende introducir una contraprestación tributaria en energía, que obligaría a las generadores hidráulicos a entregar el 12% de la energía vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista para garantizar la continuidad del servicio en empresas intervenidas.
Finalmente, el Decreto 0173 de 2026 creó un impuesto adicional al patrimonio líquido para valores superiores a 200.000 UVT, con una tarifa del 0,5%.
¿Y las decisiones empresariales?
Para Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el aumento de la presión fiscal puede afectar directamente las decisiones de inversión de las empresas.
Según la dirigente, cuando la carga impositiva aumenta, algunas compañías optan por reorganizar su producción fuera del país.
“Eso hace que las empresas que tienen capacidad de abrir producción en otros países busquen otras latitudes, porque finalmente el impuesto se vuelve un costo para los dueños y para los inversionistas. Entonces se abren a otros países o dejan de producir algunas líneas en las que definitivamente, por el costo impositivo, no les resulta rentable porque el consumidor final no puede asumir todos esos costos”, explicó.
Volatilidad tributaria
Para Andrés Chamás, el problema estructural que enfrentan las empresas en Colombia no es únicamente el nivel de impuestos, sino la inestabilidad del sistema tributario.
En la última década, el país ha aprobado cerca de cinco reformas tributarias, lo que dificulta la planificación de inversiones de largo plazo.
“Para una empresa, lo más costoso muchas veces no es el impuesto en sí, sino la incertidumbre regulatoria que genera la constante modificación de las reglas fiscales”, afirmó.
Ante este panorama, las compañías suelen adoptar distintas estrategias para reducir riesgos y proteger su rentabilidad. Entre ellas se destacan, por ejemplo, la planeación fiscal avanzada, con reorganización de holdings y uso de tratados de doble tributación, o la internacionalización empresarial, con sedes o filiales en Estados Unidos, Europa, Panamá o Chile.
Por su parte, Leal enfatizó en que una de las formas para bajar la carga fiscal no solo es aprovechar los regímenes holding, sino trasladar la sede efectiva de administración y la toma de decisiones a países donde la carga impositiva es más baja.
$26,3
billones era el recaudo que se pretendía obtener con el proyecto de reforma tributaria.
$8,6
billones busca recaudar el gobierno Petro con nuevo paquete de decretos.
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