Así lo admitió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ayer participó en reuniones con los congresistas ponentes del proyecto de la reforma tributaria.
Los esfuerzos del Gobierno Nacional por cuadrar caja antes que termine el año y arrancar un 2025 con relativa calma en materia económica se redoblaron, aunque ya se reconoció que si para enero no se ha discutido ni aprobado la reforma tributaria, será necesario aplicar un aplazamiento presupuestal.
En la cuenta de X del Ministerio de Hacienda el jefe de ese despacho, Ricardo Bonilla, explicó que para el año que viene está proyectado un presupuesto de $523 billones, de los cuales faltan por financiar $12 billones.
“Si el dos de enero no ha habido discusión del proyecto de ley de financiamiento o hay una aprobación parcial, en esa fecha tengo que decir qué tanto del presupuesto quedó financiado y qué tanto no, y entonces tengo que hacer un aplazamiento por esa cantidad para 2025”, comentó el funcionario.
Como parte de los esfuerzos para sortear esta compleja coyuntura, Bonilla adelantó en las pasadas horas reuniones con los ponentes de la llamada ley de financiamiento, iniciativa que contempla además de equilibrar las finanzas gubernamentales fomentar el desarrollo de municipios con menos de 200.000 habitantes, otorgar beneficios tributarios para empresas, así como impulsar la reactivación económica.
No obstante, ayer los congresistas ponentes del texto no lograron un acuerdo e intentarán hoy alcanzar un consenso para que las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas de Senado y Cámara avancen en el debate.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, resaltó la complejidad de la iniciativa y la falta de acuerdo entre los ponentes. “Esperemos que haya ponencia este martes y que se pueda votar el miércoles”, manifestó el parlamentario, quien enfatizó en que no resulta fácil, por ejemplo, decirles a 130.000 microempresarios que se acogieron al régimen simple de tributación que esto se acabó.
A su turno, el representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, anunció que se radicó una ponencia negativa al proyecto de la ley de financiamiento que pretende sacar adelante el gobierno de Gustavo Petro.
“Vamos a defender el bolsillo de los colombianos, porque el impuesto aumentado al carbono significará un crecimiento de los costos del gas, la gasolina, el diésel y la energía eléctrica para todos los colombianos”, enfatizó el político del Valle.
También señaló que el gobierno está siendo irresponsable al querer cambiar la regla fiscal, generando incertidumbre entre los mercados nacionales e internacionales que “nos seguirán castigando y creciendo de esta manera el costo del pago de la deuda que tiene el país”.
En esa línea, vale anotar que ayer, en la sesión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), en la que se buscaba un concepto previo para gestionar empréstitos externos por US$5.000 millones del Plan Financiero 2024, destinados a financiar apropiaciones, no hubo avances por falta de quórum, lo que frena la búsqueda de recursos para el país con la banca multilateral, considerada la fuente menos costosa.
Los intentos del gobierno Petro por equilibrar las finanzas públicas coinciden con los señalamientos en contra del ministro Bonilla, por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Desde el fin de semana, hasta el presidente Petro salió en defensa de Bonilla escribiendo en su cuenta de X que: “la labor del ministro de Hacienda ha sido buena en momentos difíciles para las finanzas públicas, debido al intento de ahogamiento fiscal construido por la oposición”.
Incluso, el mandatario sugirió que los parlamentarios que siguen a Cepeda, el presidente conservador del Senado, “nos llevan de frente y con los ojos abiertos, al default (impago): cesación de pagos”.
Ante estos ataques, el Partido Conservador emitió ayer un comunicado en el que respalda a Cepeda. “El Congreso no es un apéndice del gobierno y sus competencias son constitucionales, las cuales seguirá ejerciendo a pesar de la evidente incomodidad gubernamental”.
El texto de esa colectividad insistió en que “los riesgos para la estabilidad macroeconómica del país no son responsabilidad del Congreso de la República, como lo afirma el jefe de Estado, sino que son consecuencia de los graves errores del Ejecutivo en el trámite de proyectos de ley y de las fallas en el cálculo del recaudo de impuestos por parte de la Dian”.
El Partido Conservador también insistió en que resulta contradictorio pretender afectar el bolsillo de los colombianos con más impuestos, cuando las cifras de ejecución presupuestal del actual Gobierno son tan bajas y cuando hay $97 billones que no han sido ejecutados.
