La Superintendencia concluyó que las dos empresas recibieron dinero del público sin autorización, afectando a unas 80 personas y dejando una deuda de más de $4.225 millones. Conozca cómo operaban y qué viene para los afectados.
La Superintendencia de Sociedades ordenó la suspensión de las actividades de las empresas VSF Factor S.A.S. y Nanotecnología Ambiental de Colombia S.A.S. BIC, así como de sus representantes legales Javier Ricardo Escandón Santos, Diana Paola Ruiz García y Jesús David Forero Gómez.
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Según la investigación, VSF Factor S.A.S. recibió dinero de al menos 80 personas a través de contratos llamados “factoring”, prometiendo devolver los recursos con una utilidad en un plazo determinado. Como respaldo, entregaba pagarés a los inversionistas.
Si bien la sociedad tenía dentro de su objeto desarrollar operaciones para la compra de facturas o títulos valores, el negocio no correspondía a operaciones de factoring. En lugar de eso, entregaba pagarés propios y canalizaba los recursos a través de Nanotecnología Ambiental, lo que no corresponde a la actividad permitida.
La Superintendencia concluyó que las dos empresas recibieron dinero del público sin autorización, afectando a unas 80 personas y dejando una deuda de más de $4.225 millones.
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Por esa razón, se ordenó la suspensión de las actividades de captación no autorizada de dinero y se iniciará próximamente el proceso de intervención judicial por esta Superintendencia para buscar la devolución de los dineros a los afectados.
Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que “si bien existen operaciones que son legales, como lo es el factoring, o compra y venta de facturas u otros títulos valores para ejercer esta actividad, las sociedades deben ceñirse estrictamente a lo que corresponde con estos negocios y no pretender disfrazar o asimilarlos con otras operaciones que resultan ser captación no autorizada de dineros”.
Asimismo, hizo un llamado “para que las sociedades den aplicación rigurosa de las normas que las rigen y no perder así el objeto que las orienta”.
Es cuando una persona natural o jurídica recibe dinero del público sin autorización de la Superintendencia Financiera, incumpliendo la ley. Es común en esquemas tipo pirámide o promesas de rentabilidad fija.
Pueden participar en el proceso de intervención judicial para buscar la devolución de su dinero. Es clave documentar el monto invertido y los contratos firmados.
