Los empresarios de la Andi dicen que el decreto no tiene base legal
En una carta enviada a la magistrada Paola Meneses, la Andi argumentó que el decreto carece de justificación suficiente y no demuestra que las herramientas ordinarias del Gobierno sean insuficientes para controlar la crisis en la región.
“Aunque es extensa la parte motiva del Decreto 0062 de 2025, en lo que respecta a la insuficiencia de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, lo que contiene son afirmaciones, cuando no contradictorias, sin el fundamento propio de un decreto por medio del cual se declara un estado de conmoción interior”, señala el documento, firmado por Alfonso Palacios Torres, vicepresidente jurídico de la Andi.
Petro responde a la Andi y defiende la conmoción interior
Tras conocerse la carta, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X con un fuerte mensaje en el que cuestionó a la Andi y a su presidente, Bruce Mac Master.
“Yo le pregunto a Paloma Valencia y a Bruce Mac Master: ¿más de 71 cadáveres recogidos, la existencia de fosas comunes escondidas por el ELN, el desplazamiento de 55.000 personas de las 400.000 que habitan en el Catatumbo, el asesinato de exfirmantes de paz, los crímenes contra la paz cometidos en la región, la necesidad de financiar la ofensiva del Ejército... no son motivos de una conmoción interior en el Catatumbo?”, escribió el mandatario.
Petro defendió la decisión del Gobierno, asegurando que la crisis en la región amerita medidas extraordinarias. Además, acusó a los opositores de la medida de haber saboteado la ley de financiamiento necesaria para fortalecer la seguridad en el territorio.
El pulso entre el Gobierno y el sector empresarial
La disputa entre la Andi y el Ejecutivo no es nueva, ya ha pasado con las reformas sociales y otros proyectos, pero esta vez ha escalado al plano jurídico.
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Mientras el Gobierno insiste en que la conmoción interior es necesaria para garantizar la seguridad en el Catatumbo, los gremios empresariales advierten que la medida no solo es injustificada, sino que también podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias que afecten la estabilidad económica y la inversión en la región.
Ahora la pelota está en la cancha de la Corte Constitucional, que deberá definir si el decreto cumple con los requisitos legales para mantenerse en pie o si, como piden los empresarios, debe ser tumbado.
