Podría decirse que el traslado de 117 cabecillas recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí a diferentes centros penitenciarios del país fue el primer hecho de alto impacto que tuvo lugar en plena posesión presidencial el pasado viernes 7 de agosto.
Aunque el movimiento se habría ideado desde hace varios días —según le dijeron fuentes a EL COLOMBIANO—, alrededor de este existen versiones encontradas sobre cuándo y quién tomó la decisión. La Presidencia de la República atribuyó oficialmente la orden al gobierno de Abelardo de la Espriella, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La medida no solo implica sacar de Itagüí a algunos de los principales jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá, también está relacionada con una determinación más amplia: el cierre del pabellón en el que permanecían concentrados estos internos de alto perfil, un espacio que durante los últimos meses quedó en el centro de la polémica producto de las condiciones de reclusión y por los privilegios que, según diferentes denuncias, habrían tenido.
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La Presidencia señaló que, por instrucciones del nuevo mandatario, el Inpec ejecutó el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil.
La decisión, de acuerdo con la versión oficial, fue coordinada con las autoridades penitenciarias y responde a la necesidad de recuperar el control sobre internos considerados de alta peligrosidad. El gobierno entrante había anunciado desde antes de asumir que modificaría la política de acercamientos con estructuras criminales impulsada durante la administración de Gustavo Petro, y al parecer, los movimientos penitenciarios recientes son una clara señal de ello.
“Mano de hierro para bandidos”
El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció directamente sobre el traslado de los internos y presentó la medida como una de las primeras señales de su política de seguridad. En su mensaje, el mandatario aseguró que los 117 reclusos trasladados ya no podrán continuar utilizando los centros penitenciarios como lugares desde los cuales mantener actividades criminales.
“117 reclusos ya no seguirán delinquiendo desde la cárcel de Itagüí. Los voy a mandar a cárceles de máxima seguridad. En la era del tigre habrá mano de hierro para todos los bandidos, que nadie dude”, señaló De la Espriella en su publicación, en la que defendió la decisión de sacar a estos internos de ese establecimiento penitenciario y distribuirlos en otros centros del país.
El mensaje está alineado con la determinación de recuperar el control de las cárceles y evitar que los jefes de organizaciones criminales continúen ejerciendo influencia sobre sus estructuras desde prisión.
Para el nuevo gobierno, el hecho de que un cabecilla esté privado de la libertad no puede significar que conserve la capacidad de ordenar homicidios, extorsiones, tráfico de drogas u otras actividades ilegales desde el interior de un penal.
La decisión sobre los traslados se convierte así en una de las primeras demostraciones de la política de “mano dura” que De la Espriella ha anunciado frente a las organizaciones criminales.
El mandatario ha insistido en que su gobierno no mantendrá una estrategia basada en concesiones a los delincuentes, y que quienes continúen delinquiendo deberán enfrentarse al poder de las instituciones.
Sobre el pabellón clausurado
El pabellón clausurado era un espacio destinado a internos de máxima seguridad, pero que terminó acumulando una serie de condiciones que generaron cuestionamientos sobre el nivel real de control que existía allí.
Durante los últimos meses fueron conocidas denuncias sobre celulares, electrodomésticos y otros elementos que no deberían estar en poder de personas privadas de la libertad. Este diario, en su momento, también documentó que en ese espacio se produjo una fiesta con la presencia del cantante vallenato Nelson Velásquez, en abril de este año.
El escándalo por esa celebración fue uno de los episodios que más presión generó sobre el manejo del penal. El Inpec aseguró que el evento no había sido autorizado y anunció investigaciones, mientras la Procuraduría asumió posteriormente el proceso disciplinario.
Incluso, en su momento el gobierno Petro suspendió temporalmente los diálogos con los cabecillas. El expresidente anunció que los participantes serían trasladados a otros centros penitenciarios.
No obstante , durante las semanas siguientes la mayoría permaneció en Itagüí y solo se concretó inicialmente el traslado de alias Pocho, un jefe de menor rango que fungía como vocero suplente.
Las denuncias sobre las condiciones del pabellón llevaron a que se cuestionara si ese espacio realmente era adecuado para mantener juntos a los principales jefes de las organizaciones criminales que tenían participación en la denominada mesa de paz urbana.
La concentración de tantos cabecillas en un mismo lugar podía dar pie a un aumento en la capacidad de comunicación, influencia y coordinación sobre estructuras que operan en el Valle de Aburrá.
Por eso, el cierre del pabellón y la dispersión de los internos pueden leerse como dos decisiones conectadas. No se trató solo de cambiar de cárcel a un grupo de presos. La intención, según la explicación oficial, es evitar que los jefes de alto perfil continúen concentrados en un mismo espacio penitenciario.
¿Quién tomó la decisión?
El gobierno de Abelardo de la Espriella se atribuyó oficialmente la decisión y señaló que los traslados fueron ejecutados por el Inpec bajo instrucciones del nuevo Presidente.
En su momento, el primer funcionario que habló del operativo fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien el mismo viernes en la noche indicó que ese era uno de los signos de cambio con la toma de posesión de De la Espriella.
“Se les acabó la fiesta a los criminales y yo solo espero que cada vez haya más controles contra el crimen”, dijo.
Fuentes cercanas a algunos de los internos trasladados relataron que los movimientos habrían comenzado desde la noche del jueves 6 de agosto, cuando Gustavo Petro todavía permanecía formalmente en la Presidencia y antes de la posesión de De la Espriella.
Las personas consultadas desde el entorno de los internos incluso han sostenido que detrás de la decisión pudo haber estado involucrada la senadora Isabel Zuleta, quien durante el gobierno anterior tuvo un papel dentro de la interlocución con las estructuras criminales del Valle de Aburrá.
El hecho de que algunos internos supieran con anticipación que serían trasladados alimentó las dudas entre quienes siguieron el operativo desde el interior del penal.
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Pero conocer que se produciría un traslado no necesariamente permite establecer quién impartió la orden. La cadena de decisiones dentro del sistema penitenciario puede involucrar al Inpec, al Ministerio de Justicia y al Ejecutivo, por lo que atribuir la operación a una persona sin una confirmación oficial sería apresurado.
Por ahora, el dato verificable es que el gobierno entrante asumió públicamente la responsabilidad política de la medida y que el Inpec fue la entidad encargada de ejecutarla.
Tres de los capos ‘pesados’
Uno de los cabecillas que aparece entre los trasladados es José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, señalado como uno de los principales jefes de la banda La Terraza y antiguo integrante de la Oficina. Su llegada a la mesa de conversaciones ocurrió en diciembre de 2024, y además, tuvo relevancia en el primer piloto contra la extorsión que se desarrolló en barrios de Medellín y Bello.
‘Douglas’ también había sido protagonista de otro episodio reciente debido a sus problemas de salud. En abril de 2026 salió temporalmente de la cárcel de Itagüí para recibir atención médica por complicaciones asociadas a una enfermedad pulmonar. Su situación volvió a generar tensión.
Otro de los trasladados es Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’, identificado durante años como uno de los principales referentes criminales de Robledo.
‘Pesebre’ hacía parte del grupo de cabecillas que permanecían en Itagüí desde antes de la instalación formal de la mesa de paz urbana y fue uno de los nueve jefes que aparecieron junto a Gustavo Petro durante el denominado “tarimazo” de junio de 2025 en Medellín.
También está Dayron Alberto Muñoz Torres, alias ‘El Indio’, cuyo ingreso a la mesa amplió la representación de estructuras criminales con presencia en Envigado. EL COLOMBIANO, en su momento, señaló que representaba al grupo conocido como El Trianón dentro del proceso de conversaciones.
Los tres terminaron haciendo parte de un proceso que buscaba reducir las rentas ilegales y avanzar hacia el sometimiento de las estructuras, pero que acumuló cuestionamientos por sus escasos resultados concretos y por las condiciones especiales que rodearon a los cabecillas recluidos.
¿El final luego de tres años?
El proceso comenzó formalmente el 2 de junio de 2023 en la cárcel La Paz de Itagüí. Allí fueron concentrados algunos de los principales jefes de las organizaciones criminales del área metropolitana para participar en conversaciones sociojurídicas con delegados del Gobierno. La MAPP-OEA participó como acompañante del proceso.
La apuesta era que esos jefes ayudaran en la reducción de las violencias, el desmonte de economías ilegales y una eventual desarticulación de las estructuras. Pero la mesa nunca estuvo lejos de la controversia.
Este diario reveló en octubre de 2025 que el Gobierno Nacional había destinado más de $1.800 millones para el funcionamiento del proceso desde su instalación.
Los recursos incluían honorarios, viáticos, tiquetes, logística y actividades de participación ciudadana. Para entonces, el proceso acumulaba algunos resultados parciales, pero no se habían materializado avances considerados definitivos en materia de desarme o desarticulación de las estructuras.
La mesa comenzó a sufrir uno de sus mayores golpes políticos en junio de 2025, cuando nueve cabecillas de las estructuras del Valle de Aburrá aparecieron en un acto público junto a Petro, en La Alpujarra.
El evento, conocido como el “tarimazo” y liderado por el Jefe de Estado, generó críticas porque entre los asistentes estaban algunos de los principales jefes criminales de la región, varios de ellos condenados por delitos graves. Entre ellos, ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Vallejo’, ‘El Indio’ y otros integrantes de la mesa.
La polémica, incluso, derivó en cuestionamientos contra la senadora Isabel Zuleta por su presunta intervención en la salida de algunos voceros de la cárcel para asistir al acto, quien además, fue denunciada ante la Corte Suprema por presunto abuso de función pública. Fue así como la mesa de paz urbana, de a poco, se ubicó en una cuerda floja que ahora pareciera haber desaparecido.
Gobernador alerta “reacomodo”
Para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la salida de estos internos también puede producir movimientos dentro de las organizaciones que durante años han mantenido presencia en Medellín y otros municipios del departamento.
A través de su cuenta de X, el mandatario advirtió que el traslado obliga a la Fuerza Pública a permanecer en “máxima alerta”, debido a la posibilidad de que las estructuras intenten reorganizarse en las calles. “Estas estructuras, que delinquen en Medellín y otros municipios de Antioquia, intentarán reorganizarse. Ya lo han hecho en el pasado”, escribió Rendón.
La advertencia parte de una realidad: sacar de un mismo penal a los principales jefes de las organizaciones no significa que desaparezcan las estructuras que durante años han operado en el Valle de Aburrá.
De hecho, EL COLOMBIANO ya había documentado un proceso de recambio de liderazgos dentro de las bandas, precisamente porque varios de los antiguos jefes se encontraban presos o habían comenzado a participar en la mesa de paz urbana.
Por eso, el Gobernador puso el foco en quienes fueron trasladados y también en quienes permanecen en libertad y, según su pronunciamiento, ya han sido identificados por organismos de inteligencia y autoridades judiciales.
“Hay un solo camino: neutralizarlos, bien por la vía de las armas, bien por la justicia”, afirmó Andrés Julián Rendón, antes de cerrar su mensaje con la expresiózzn “Operación Cazador Antioquia — OCA”.
Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Cuántos cabecillas fueron trasladados de la cárcel La Paz de Itagüí?
- Fueron trasladadas 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil, de acuerdo con la versión oficial del Gobierno. De ese grupo, 103 estaban recluidas en la cárcel de Itagüí.
- ¿A qué se debió el traslado de los cabecillas?
- La Presidencia indicó que la medida buscaba recuperar el control sobre internos considerados de alta peligrosidad y evitar que continuaran ejerciendo influencia o actividades criminales desde los centros penitenciarios.
- ¿Quién ordenó oficialmente los traslados?
- El Gobierno de Abelardo de la Espriella asumió públicamente la responsabilidad por la decisión y señaló que el operativo fue coordinado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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