La sostenibilidad del sector eléctrico volvió a quedar en entredicho tras la expedición del Decreto 044 de 2026, una de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica.
Así lo advirtió la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que alertó que la norma introduce nuevos tributos a la generación de energía eléctrica de forma “inoportuna, afectando la estabilidad financiera del sector y debilitando la confianza en el marco institucional”.
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El decreto crea dos mecanismos principales: una contribución parafiscal y una contraprestación tributaria en energía, ambos con cargo a las empresas generadoras.
Contribución parafiscal de 2,5% sobre utilidades
El primer mecanismo corresponde a una contribución parafiscal, de 2,5%, destinada al Fondo Empresarial, que deberán pagar las empresas generadoras sobre su utilidad antes de impuestos.
De acuerdo con Andeg, el recaudo estimado de esta medida asciende a cerca de $300.000 millones, lo que representa “una afectación directa y desproporcionada sobre las utilidades de las compañías del sector”.
El gremio advirtió que este impacto resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que los generadores —en particular los térmicos— mantienen cuentas por cobrar a la empresa intervenida Air-e por alrededor de $1,2 billones, a lo que se suman otros $500.000 millones en obligaciones dentro de la cadena eléctrica.
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En la práctica, señaló Andeg, el decreto obliga a los generadores a financiar el pago de deudas que ellos mismos tienen pendientes por cobrar, lo que compromete la suficiencia financiera del sistema, desincentiva la inversión y deteriora la confianza institucional.
Aporte en energía y distorsiones del mercado
El Decreto 044 también establece una contraprestación tributaria transitoria en energía para los generadores hidráulicos que participan en el Mercado de Energía Mayorista.
Esta medida consiste en la entrega de un porcentaje de la energía efectivamente vendida en bolsa, destinada a garantizar la continuidad del servicio en las empresas intervenidas, a cambio de un descuento en el impuesto de renta.
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Sin embargo, para Andeg esta figura introduce distorsiones en el modelo de prestación del servicio, al crear cruces de cuentas que no ofrecen una solución estructural ni sostenible a la crisis de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira, tras más de 17 meses de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
“Un decreto confiscatorio”, advierten los gremios
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, fue enfático al cuestionar la legalidad de la norma.
“El Decreto 044 de 2026 resulta confiscatorio y presenta serios vicios de ilegalidad, pues compromete la suficiencia financiera de los agentes generadores y les traslada la carga de asumir deudas que no les corresponden”, afirmó.
En el caso de las plantas térmicas, agregó, las medidas agravan el riesgo sistémico y ponen en peligro la continuidad del servicio de energía en el país.
Por ello, el gremio pidió una revisión pronta por parte de la Corte Constitucional, tanto del decreto que declaró la emergencia como de las medidas específicas adoptadas para el sector eléctrico.
Acolgen también alerta riesgos para inversión y transición energética
A estas críticas se sumó la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), que expresó “su profunda preocupación” por las decisiones adoptadas, al considerar que “alteran de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente”.
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Según el gremio, la incertidumbre regulatoria puede frenar nuevas inversiones clave para el sector, afectar el desarrollo de la subasta del cargo por confiabilidad, retrasar nuevos proyectos de energías renovables y poner en riesgo los procesos de contratación de largo plazo anunciados por el Ministerio de Minas y Energía, comprometiendo la transición energética del país.
Acolgen recordó que, en los últimos 30 años, las empresas generadoras han invertido más de $140 billones para garantizar un suministro confiable, y que Colombia necesita invertir entre $10 y $13 billones anuales para asegurar la energía del futuro.
Cambiar las reglas de juego de forma abrupta, advirtió, debilita la confianza, dificulta el acceso a financiamiento, desincentiva nuevas inversiones y puede incluso vulnerar tratados internacionales.
Riesgo de escasez y llamado al Gobierno
El gremio también alertó que, según datos de XM, el país enfrenta un riesgo de escasez de energía firme que podría alcanzar -3,5% en 2027, lo que hace aún más delicado el momento para introducir cargas adicionales al sector.
Finalmente, Acolgen cuestionó que la situación de la Costa Caribe no sea un hecho súbito ni imprevisible, como reconoce el propio decreto, y llamó al Gobierno a reconsiderar las medidas, retomar el diálogo técnico y encauzar los desafíos del sector por los mecanismos institucionales ordinarios, con planeación, reglas claras y seguridad jurídica.
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