Empieza una semana definitiva para el futuro del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro. Y es que habría una puja en la Sala Plena de la Corte Constitucional para apartar del debate al magistrado Jorge Ibáñez del debate de suspensión de la emergencia económica.
En juego están la legalidad de los impuestos ya vigentes como el aumento de 5% a 19% en el IVA a los licores y la posibilidad de decretar nuevos tributos para recoger los $4 billones que le faltan al Ejecutivo para completar su plan de financiamiento, que asciende a $16 billones.
La controversia escaló tras la decisión del presidente de la Corte (el magistrado Jorge Enrique Ibáñez) de pedir de manera formal congelar los efectos del decreto planteando y que quede en pausa mientras la Corte estudia su validez.
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Y, llegado el momento, ocurrió otro remezón. Ibáñez fue recusado por el presidente Petro por supuestamente haber hablado del decreto de emergencia económica con medios de comunicación. Para el Ejecutivo, la actitud de ese magistrado reflejó una supuesta confrontación anticipada, pero para los analistas, la recusación fue una maniobra política calculada del Gobierno.
El Tiempo, uno de los medios con los que el magistrado Ibáñez “conceptuó” sobre los decretos de emergencia económica, conoció que lo más probable es que el impedimento prospere. Sin el voto de Ibáñez, indicaron, las fuerzas para votar la suspensión de la emergencia estarían muy divididas, o incluso, con tendencia a favor del Gobierno.
El medio señala que en este bloque han votado los magistrados Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero, Héctor Carvajal y la magistrada Natalia Ángel. Pero la sorpresa sería el magistrado Juan Carlos Cortés, quien estudia las medidas específicas (los impuestos) del decreto y quien ya solicitó la medida cautelar para las medidas que son objeto de su estudio, es decir, el IVA a las bebidas alcohólicas y a las apuestas en línea.
Por esta razón, podría no votar por la suspensión del decreto “madre” que congelaría la totalidad de los impuestos decretados bajo el estado de excepción. La Sala Plena tendrá entonces que decidir si acoge los argumentos del magistrado Camargo.
Los focos sobre Camargo
Lo cierto es que con la salida de Ibáñez, el protagonismo recae en el magistrado Carlos Camargo, quien tiene a su cargo el estudio de la emergencia para construir la ponencia que se discutirá y desembocará en el veredicto final. Mientras la construye, y en una movida que tomó por sorpresa a la Casa de Nariño, Camargo radicó un documento de 86 páginas donde solicita a la Sala Plena la suspensión provisional del decreto.
Esta es la medida busca congelar los efectos de la emergencia —y por ende los impuestos ya decretados— mientras el alto tribunal emite un fallo de fondo, lo cual ocurriría hacia principios de marzo en el mejor de los casos. Camargo advierte que el Gobierno no logró sustentar la urgencia real detrás de esta decisión y detectó posibles vicios de forma, como las dudas sobre la validez de las firmas de los ministros de Ambiente e Igualdad en el documento original.
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En el primer caso, no está claro si Irene Vélez firmó cuando había vencido su encargo en la cartera de Ambiente, y en el segundo, se busca esclarecer si el ahora exministro Juan Carlos Florián estampó su firma mientras el decreto de su nombramiento estaba suspendido provisionalmente por una demanda.
La ponencia de suspensión se discutiría este miércoles y desató la furia del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó a los magistrados de “politiqueros” y acusó a Camargo de querer “joder la salvación macroeconómica del país”.
Sin embargo, expertos como el abogado Martín Eduardo Botero cuestionan que, aunque la ponencia de Camargo es jurídicamente correcta, llega de forma tardía: “mientras la Corte dudaba, hablaba en público, se inhibía y se fragmentaba, el decreto ya producía efectos. La suspensión provisional no es audacia constitucional: es corrección tardía”.
A lo anterior se suma que el magistrado Juan Carlos Cortés –quien está a cargo del estudio de los decretos tributarios específicos derivados de la emergencia–, también habría solicitado la suspensión de buena parte de los efectos tributarios derivados de esta medida.
Expertos no ven sustento
De otro lado, para preparar la ponencia con la que se tomará la decisión de fondo –que, recordemos, es diferente al documento de 86 páginas para suspender provisionalmente el decreto– el magistrado Camargo consultó a un selecto grupo de expertos, entre ellos exministros de Hacienda como José Antonio Ocampo, Juan Carlos Echeverry y José Manuel Restrepo. Los conceptos que ya han llegado al alto tribunal son demoledores para las pretensiones del Gobierno.
Según conoció este medio, la mayoría coincide en que la no aprobación de la ley de financiamiento en el Congreso no es una causa válida para declarar una emergencia económica. Consideran que, previo a dar este paso, el Gobierno contaba con herramientas ordinarias como el aplazamiento o el recorte del gasto o los traslados presupuestales.
Bajo su lupa, la emergencia económica aparece más como una herramienta para imponer tributos como el IVA del 19% a los licores y apuestas en línea, que como una respuesta a hechos imprevisibles y sobrevinientes.
A por 90 días y $4 billones más
A la espera de una decisión en la Corte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el “Plan A” sigue adelante. El Gobierno trabaja en extender la emergencia por un plazo adicional de hasta 90 días para buscar los $4 billones restantes que no alcanzó a cubrir con los primeros decretos.
El total de la fallida ley de financiamiento era de $16,3 billones, y aunque los decretos actuales ya garantizan cerca de $12 billones, el Ejecutivo se niega a recortar el presupuesto y prefiere apostar por la prórroga de la emergencia para decretar más impuestos.
La gran preocupación radica en la trazabilidad de la plata. Si la Corte Constitucional tumba la emergencia en marzo, la reversión de los impuestos recaudados y causados durante estos meses sería un caos administrativo. No está claro cómo se devolverían los recursos del impuesto al consumo de licores o del IVA a las apuestas ya pagados.
Con estas dudas de por medio, el desenlace de esta semana en la Sala Plena definirá si la Corte sienta un precedente o si la “dilatación” estratégica del Gobierno termina por consolidar la que muchos consideran una reforma tributaria por decreto.
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