El bolsillo sigue doliendo por los servicios públicos

Entre marzo y junio la Superintendencia ha recibido 89.923 quejas, un aumento de 12,3 % frente a 2019. En Antioquia la cifra creció 27,2 %.

Entre marzo y junio la Superintendencia ha recibido 89.923 quejas, un aumento de 12,3 % frente a 2019. En Antioquia la cifra creció 27,2 %. Imagen de referencia. FOTO MAURICIO PALACIO BETANCUR
Natasha Avendaño es la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, desde el 4 de octubre de 2018. FOTO cortesía

Que la pandemia no sea una excusa para prestar mal los servicios o para que a las personas no las atiendan como se merecen. Esa es una de las preocupaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en momentos en los que el teletrabajo es el mecanismo principal para continuar con la vida productiva mientras se protegen las personas en aislamiento de la covid-19.

La entidad lleva 33 procesos abiertos de indagación preliminar, debido a las quejas de los usuarios, lo que significa evaluar si hubo incumplimientos, y si se inician investigaciones formales que puedan terminar en sanción. De esta cantidad son 29 empresas de servicios de acueducto y alcantarillado, 2 de energía y 2 de gas. Tres están en Antioquia: la Corporación de Acueducto Multiveredal Acuarela, las Empresas Públicas de La Ceja y las Empresas Públicas de Vegachí.

Así lo confirmó la superintendente de esta cartera, Natasha Avendaño, quien además sostuvo que en lo que va corrido del año a junio se han recibido 124.566 quejas, y el 12,6 % de ellas se han dado por silencio administrativo positivo, es decir, que las empresas no han contestado el requerimiento.

En los meses de confinamiento, entre marzo y junio, las inquietudes llegaron a 89.923, y frente al mismo periodo del año pasado, el aumento fue de 12,3 %, desde 80.041. “La gente de lo que más se ha quejado a nivel nacional ha sido por la facturación del consumo”, aseguró la superintendente.

En Antioquia ha habido 3.553 desde marzo; siendo mayo y junio los meses más traumáticos con 969 y 1.174, respectivamente. El aumento en inquietudes fue de 27,2 % desde 2.793 en 2019.

Diego Duque, lector de EL COLOMBIANO, comentó a través de Facebook su dolencia: “Cada mes incrementa el valor, eso no es justo, cobran infinidad de valores en una cuenta, y cada vez llega más alta”.

A él se suman las voces de ciudadanas como Berenice Zapata, quien asegura que los altos cobros son los mecanismos en los que se esconden las ayudas a los más vulnerables e incluso critican la financiación que se ha otorgado para aliviar sus bolsillos, como el caso de Ana Mile Taborda. Ella denuncia que al final se pagan sumas muy superiores –se refiere a la financiación a 36 meses para estratos 1 y 2 y de 24 para 3 y 4–.

¿Los promedios?

La explicación empieza por un asunto importante: a diferencia de lo que ocurre en el país, en el departamento no son recurrentes las quejas de la facturación por promedio “esto obedece, como lo evidenciamos (la semana pasada) a que EPM ha sido de las empresas que menos ha facturado así”, dijo Avendaño.

Lo cierto, agregó, es que las mediciones que se han dado por este mecanismo en EPM es debido a que “ha sido imposible acceder a los equipos de medida de los usuarios de los diferentes servicios públicos”.

Un aspecto que coincide con las declaraciones de esa empresa a EL COLOMBIANO cuando aseguraba que hay 800 personas en el departamento dedicadas a las mediciones de consumo.

Pero la molestia llega de “un aumento en el valor a pagar, compuesto por el de la tarifa, pero también al monto del servicio (...) y esto incrementa el valor de consumo, lo que termina siendo lo que ha crecido significativamente el valor de los servicios públicos, sobre todo en usuarios residenciales”, aclaró Avendaño.

Para Javier Gaviria Betancur, presidente de la Asociación Antioqueña de Ligas de usuarios de Servicios Públicos domiciliarios (Asulus), las preocupaciones llegan por usuarios industriales y comerciales que siguen recibiendo cobros, pese a estar cerrados, por lo que no debería admitirse cálculo por promedio; también se han hecho desconexiones a estos usuarios, sin haber una previa conciliación, y los subsidios no subieron para los estratos 1 y 2, por falta de voluntad política.

Avendaño finalizó recomendando que ante un incumplimiento la primera instancia es la empresa, que tiene la obligación de responder en 15 días de plazo y dar solución; si esto no llega a feliz término se puede poner un recurso de Reposición y en subsidio de apelación y la empresa a su vez tiene 15 días para reaccionar. Una vez se da este periodo la compañía debe notificar a la Superintendencia, que a su vez puede revocar, modificar o confirmar.

Otro es el caso en el que la empresa no responde y es lo que se configura como silencio administrativo “en donde la firma tiene 72 horas para darle al usuario lo que él pidió; este se debe acercar a la autoridad para dar aviso y la Superservicios iniciará una investigación y acciones de cumplimiento, para garantizar que el prestador cumpla”, aclaró Avendaño.

A junio la Superservicios había sancionado a empresas por al menos 55.153 millones de pesos (15.329 millones por servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; y 39.824 millones en energía y gas) por procesos iniciados entre 2016-2019, debido a fallas en calidad y prestación, normas técnicas, subsidios, metodologías tarifarias, entre otros.